A través de un comunicado, los empleados del 911 hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno de Honduras para que tomen cartas en el asunto y garanticen el pago de sus salarios.

"Solicitamos se nos apoye con los pagos pendientes para asegurar las posibilidad de movilización, alimentación para nuestras familias y cumplir con los deberes que como cabezas de hogar tenemos", menciona el documento.

Asimismo, rechazaron cualquier medida de presión o acción que se pueda tomar en contra de cualquier compañero por las acciones mencionadas anteriormente.

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Recientemente, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención del 911 para restaurar el servicio de las cámaras de vigilancia, las cuales dejaron de funcionar por falta de pagos en el contrato con el Gobierno hondureño.

La decisión de Castro se derivó de informes y dictámenes legales que denuncian la herencia de contratos lesivos y corroídos en el 911.

Según autoridades del 911, el conflicto se originó a raíz de que la Administración anterior de Juan Orlando Hernández (2014-2022) dejó como deuda siete meses del contrato que se suscribió con la empresa proveedora del servicio.

El Gobierno hondureño y la empresa proveedora del servicio suscribieron un contrato de más de 150 millones de dólares (unos 3,675 millones de lempiras), pagaderos en cuotas de 1.8 millones de dólares mensuales.

Hasta septiembre de 2022 se adeudaban 11 meses, es decir, 19.8 millones de dólares (alrededor de 458 millones de lempiras).

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