Como parte de las primeras acciones de este proceso de 90 días, los interventores Roberto Reina, Goset Moncada y Gerardo Hernández, se reunieron con mandos intermedios para conocer, de primera mano y en detalle, "las situaciones actuales y girar las primeras instrucciones", según un comunicado de la entidad.

De igual manera, analizarán la forma de resolver el retraso de los salarios de los empleados, otros de los mayores problemas por los que atraviesa ese servicio.

"Aquí nos quitamos el saco, nos remangamos y vamos a trabajar sin parar para poder salir de la crisis y dar respuesta a la sociedad, ese es el mandato", expresó Reina, comisionado presidente.

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La Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V., proveedora del sistema, suspendió el servicio al no aceptar una renegociación del contrato que le propuso el Poder Ejecutivo, que alega que el mismo, que se firmó en el Gobierno pasado, es oneroso.

El contrato tiene un valor global de 150 millones de dólares (3,675 millones de lempiras), por lo que, en concepto de soporte y mantenimiento de la red, se le pagaban 1.8 millones de dólares mensuales 44.3 millones de lempiras)

La suspensión del sistema de cámaras instaladas en varias ciudades ha ocasionado que entes como la Policía Nacional carezcan de videos de hechos delictivos, lo que afectan las investigaciones.

El 911 también sirve para que la ciudadanía pida auxilio médico y otro tipo de contingencias, las que han sufrido interrupciones por el mismo impasse.

Debido a estas crisis, la presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención del 911.

En 90 días, la Junta Interventora deberá entregar un informe con recomendaciones "para garantizar la correcta atención de las emergencias de seguridad, médica, de incendios y contingencias de impacto de fenómenos naturales", cerró el comunicado.

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