La Junta Nominadora realizó la mañana de este miércoles las entrevistas públicas a los primeros cinco autopostulantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras para el período de 2023 a 2030.

Casa postulante tuvo un espacio máximo de 30 minutos para presentarse y responder cinco preguntas hechas por la Junta Nominadora y otras enviadas por hondureños y que son sacadas de tres urnas.

Las entrevistas se realizan en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

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Cada uno de los postulantes a magistrados de la CSJ tiene un espacio de tres minutos para autopresentarse y comentar sobre sí mismo en cuanto a su ejercicio profesional.

Luego deben que responder las cinco preguntas, en un espacio de cinco minutos cada uno, sobre tres áreas específicas: una pregunta de trayectoria profesional e integridad personal, dos preguntas de ética profesional y dos preguntas de posiciones jurídicas.

Respuestas de aspirantes a magistrados

Le damos a conocer las respuestas más destacadas por los abogados y notarios que aspiran a magistrados del Poder Judicial de Honduras.

En el orden de entrevistas públicas, la primera en comparecer fue la abogada Aída Patricia Martínez Linares, quien en una de las preguntas se le consultó sobre tres retos principales que enfrenta el Poder Judicial.

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"Uno de los más grandes retos es la mora judicial", dijo Martínez Linares. Al mismo tiempo indicó las fallas en los plazos que determina el Código Procesal Civil en el procedimiento para presentar medios de prueba, alegatos y dictados de sentencia.

De igual manera, Martínez dijo que otro reto principal de la CSJ es la aplicación correcta y pronta de la justicia, porque "hay dos cánceres que corroen (el sistema) como la impunidad y corrupción".

Segunda entrevistada

La segunda persona para entrevista pública fue la abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada.

Una pregunta destacada que respondió Medina Moncada fue sobre su opinión jurídica respecto a la regulación sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales dijo que "son un adefesio jurídico" , y actualmente están causando "un enorme problema" por las demandas que enfrentará Honduras por los representantes de los proyectos que siguen en pie tras la derogación de la ley.

Tercera entrevista

La abogada Ana Alejandrina Pineda Hernández fue la tercera en el orden para las entrevistas públicas.

Pineda destacó en una de sus respuestas, que la CSJ tiene un principal desafío que es el reconocimiento de que las mujeres son sujetas de derecho, porque casi siempre son vistas como objeto dentro de un proceso.

Esto ante la pregunta de cuáles son los desafíos jurídicos que hay en Honduras para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la impartición de justicia.

Cuarto entrevistado

El cuarto aspirante a magistrado de la CSJ en ser entrevistado fue el fiscal del Ministerio Público, Carlos Alberto Cobos Ramírez.

Ramírez respondió a una pregunta sobre la aplicación del Código Penal, sobre si este criminaliza la protesta social y favorece la corrupción narcotráfico y lavado de activos.

El fiscal consideró que el Código Penal debe ser revisado respecto a la aplicación de algunas penas en delitos de corrupción, pero no cree que la ley favorezca ese flagelo en Honduras.

Quinta entrevista

El quinto entrevistado en la primera parte del proceso de este miércoles fue el abogado Carlos Alberto Gómez Moreno, quien destacó en sus repuestas sobre la pregunta de ¿cuáles son los principales obstáculos para la independencia de los jueces?

"Los principales obstáculos para los jueces inicia en la CSJ, porque la historia muestra que siempre tenía que ser parte del partido en poder o ligado a poderes económicos", dijo.

Los cinco entrevistados de este día forma parte de los 40 candidatos que no recibieron tachas y denuncias.

En total, participan en el proceso 101 abogados, de los que 61 sí fueron señalados con este tipo de objeciones y que posteriormente serán sometidos a las audiencias públicas.

La Junta Nominadora tiene hasta el 23 de enero para enviar al Congreso Nacional una lista de al menos 45 candidatos, de los que deberá elegir a los 15 nuevos magistrados.

Para este elección se necesita mayoría calificada, es decir, 86 votos de los 128 parlamentarios.

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