Un estado de excepción es la aplicación de un dispositivo que se encuentra estipulado Constitución de un país y lo puede declarar el Poder Ejecutivo cuando exista una situación de desorden o de conflictos que perturben el orden interno de la nación a fin de hacerle frente al problema.

En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro ordenó que la Policía analice si es conveniente o no declarar estado de excepción parcial en sectores donde haya presencia de maras y pandillas y que ponen en zozobra a sus poblaciones con acciones de violencia y cobro de extorsión.

PUEDE LEER: Policía propone que 60 colonias de Tegucigalpa y 60 de San Pedro Sula entren en estado de excepción

La restricción o la suspensión de los derechos fundamentales de la población hondureña están amparados en el artículo 187 de la Constitución

Con el estado de excepción se suspenden garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, relacionadas a la limitación del ejercicio del derecho a las libertades individuales, de asociación y circulación y la la inviolabilidad de domicilio, y quienes violenten las disposiciones son detenidos por 24 horas.

El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo hace unas semanas que una vez que presenten al Poder Ejecutivo los sectores identificados como conflictivos de Tegucigalpa y San Pedro Sula darán a conocer cuáles son las garantías constitucionales que se van a regular con el estado de excepción.

Según el artículo 187 constitucional, la restricción de garantías no podrá exceder de un plazo de 45 días, vencido ese tiempo los derechos quedan restablecidas, excepto se dicte un nuevo decreto.

Emergencia nacional

El estado de excepción es parte de las medidas que tomará el Gobierno hondureño en el marco de la emergencia nacional de seguridad que declaró la mandataria Castro el miércoles ante incremento del cobro de extorsión y otros delitos por parte de estructuras de maras y pandillas.

TAMBIÉN: Así se aplicará el toque de queda en zonas controladas por el crimen organizado en Honduras