El director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, anunció que el sábado 26 de noviembre pedirán al Poder Ejecutivo la aplicación de estados de excepción en al menos 60 sectores de las ciudades de Tegucigalpa e igual número en San Pedro Sula en donde hay afectación por presencia de maras y pandillas.

"En cada una de estas ciudades tenemos identificados a más de 60 barrios, colonias, residencias y sectores donde hay presencia de maras y pandillas y que tienen en un nivel de sometimiento a la población", dijo Sánchez en una conferencia de prensa en Tegucigalpa.

Esta petición, dijo Sánchez, se hará en el marco de la orden que giró la presidenta Xiomara Castro a la Policía Nacional, durante el lanzamiento del Plan Integral Antiextorsión y Delitos Conexos, para hacer análisis y determinar los sectores problemáticos en donde se puede aplicar estados de excepción parcial.

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Sánchez recordó que los estados de excepción ya los regula la ley (en artículos 187 y 188 de la Constitución de la República) "y solo vamos a establecer cuáles van a ser las garantías constitucionales que se van a regular".

Medidas restrictivas

Después de la intervención de Tegucigalpa y San Pedro Sula se tomarán las medidas que correspondan en el Valle de Sula, La Ceiba, Choluteca y otros sectores en donde grupos organizados tengan perturbado el orden interno, según declaraciones del jerarca policial.

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Gustavo Sánchez recordó que la Policía está dando apoyo a las autoridades del municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, en donde hay medidas restrictivas ante amenazas de bandas que tienen atemorizada a la población.

"Todas las medidas de control que se puedan tomar sin invadir la privacidad de las personas y sin violentar la Constitución de la República vienen a abonar para buscar el bien colectivo", dijo Sánchez.

Reformas legales

A su vez, el director de la Policía Nacional anunció que la próxima semana pedirán al Congreso Nacional reformas legales para endurecer penas a criminales.

Entre otras estrategias de seguridad, la Policía solicitará que se cree una base de datos para tener identificados a los trabajadores del transporte, y unidades especializadas para dar con el dinero y propiedades de personas que se dedican a extorsionar, a fin de investigarlas por lavado de activos, sostuvo Sánchez.

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