El exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Aviléz, se defenderá en libertad tras un cambio de medidas, en el proceso que se le sigue a él y otros miembros de su familia, por presunto lavado de activos.

Marlon Duarte, abogado defensor de Avilés, informó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por unanimidad de votos declaró con lugar el cambio de medidas a favor del ex edil, debido a su mal estado de salud.

"La Sala de lo Constitucional por unanimidad de votos determinó que esta persona bajo los argumentos y dictámenes médicos no podía estar con prisión preventiva", dijo Duarte.

De igual forma, el profesional del derecho argumentó que no existen las condiciones para que el exalcalde pueda ser atendido en el centro penal.

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Además, confirmó que Avilés ha sido intervenido quirúrgicamente tres veces desde que está privado de libertad; incluso estuvo un mes y medio internado en un centro asistencial.

Acusación contra Roosevelt Aviléz

Roosevelt Avilés enfrentará un juicio oral y público junto a su esposa Nancy Santos, Bella Esperanza Ríos Zúniga; César Bladimir Leiva Ríos y Fadde Saroginy Aviles López, todos acusados por el delito de lavado de activos.

Sin embargo, Duarte mencionó que se está a la espera que tribunal abordará el proceso de Nancy Santos. Esto, debido que fue electa como diputada suplente de Pedro Chávez Madison. 

Caso Roosevelt Aviléz

Roosevelt Aviléz junto a César Leiva Ríos, Bella Esperanza Ríos, Fadde Avilez López y Nancy Santos Ríos -esposa de Roosevelt-; están acusados de lavado de activos en perjuicio del Estado hondureño por no justificar la procedencia de más de 300 millones de lempiras.

Aviléz y su círculo familiar fueron detenidos el pasado 18 de octubre de 2021 tras ser investigado por poseer 164 millones 474 mil 934.86 lempiras sin justificación de origen.

En ese misma condición está su esposa, Nancy Santos Ríos, a quien se le encontraron 157 millones 452 mil 974 lempiras que no han podido justificar su origen.

A su vez, a Avilez se le aseguraron 131 bienes inmuebles; 43 vehículos y tres sociedades mercantiles que pasaron a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Declaraciones al Servicio de Administración de Rentas (SAR), indicaron que se acreditó un ingreso de 367 millones 471 mil 367 lempiras; y, según el Ministerio Público, no tienen justificación.

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