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Además de Lisandro Rosales, otros cinco exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández estarían siendo investigados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), de Honduras, y la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, con la intención de indagar en torno a una posible comisión de lavado de activos.
Las investigaciones en cuestión derivan del caso de los siete hospitales móviles que fueron inicialmente adquiridos para la contención del covid-19 en Honduras, pero que finalmente resultaron en una estafa que llevó a Marco Bográn y a Alex Moraes, dos exdirectivos de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), a enfrentar un proceso penal.
Sin embargo, la Fescco también estaría investigando a otros altos funcionarios de la anterior administración, entre ellos el excanciller Lisandro Rosales, quien fungió como comisionado especial para la atención de la pandemia durante 2020.
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De hecho, los fiscales de la Fescco ya habrían solicitado asistencia judicial a la Fiscalía de Panamá. No obstante, con el propósito de no entorpecer el proceso, los fiscales se han mostrado renuentes a ofrecer detalles relacionados con los expedientes de estos cinco exfuncionarios.
A pesar de ello, días atrás Rosales argumentó que "no hay ningún bien a su nombre" en Panamá, en donde la Procuraduría General y el Ministerio Público recibieron desde mayo de 2021 una solicitud de información financiera por parte de las autoridades hondureñas.
"No tengo ninguna transacción, no existe ninguna operación bancaria mía ni tampoco tengo bienes en Panamá que reportar", aseveró a HRN el exfuncionario con relación al supuesto legajo de 54 páginas que proveyó la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá.
Hospitales 'chatarra'
En 2020, el Estado hondureño, a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), compró siete hospitales móviles por un monto de 47 millones de dólares. Sin embargo, cuando llegaron a Honduras, el Ministerio Público constató que no cumplían con los requisitos para lo cual fueron adquiridos.
