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El mensaje de confrontación lanzado por el canciller, Eduardo Enrique Reina, contra la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, es una manifestación de que las relaciones entre ambos países han entrado en precariedad.
Así lo han interpretado entendidos en relaciones exteriores, luego que el ministro Reina emplazó, a través de su cuenta de twitter, a la diplomática a no continuar con la supuesta injerencia en los asuntos de política interna y de soberanía nacional.
Exponentes de la empresa privada han lamentado este nivel de reclamo de altos funcionarios a la representante de Estados Unidos en Tegucigalpa, porque no abona a los propósitos de atraer inversión y abre fisuras en las relaciones bilaterales con el principal socio de Honduras.
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Los reclamos de la actual administración a Washington ha ido en hilo. En julio de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica la Lista Engel publicada por el Departamento de Estado.
En esa nómina de "actores señalados por su vinculación con la corrupción", fueron incluidos los diputados del Partido Libre Rasel Tomé y Edgardo Casaña.
Como se sabe, el documento fue calificado como uno de "motivación política e injerencista". En uno de sus párrafos, el comunicado subrayaba: “Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”.
En el mismo texto, el Gobierno de Honduras reclamaba que en la gestión anterior las publicaciones de la Lista Engel "nunca incluyó a personajes como el exmandatario Juan Orlando Hernández, evidentemente para protegerlo, ya que unas horas después de finalizado su mandato, Estados Unidos procedió a acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición", se lee en la protesta oficial.
En mayo, se abrió otra línea de desacuerdos entre el Poder Popular y la administración de Joseph Biden, representada por la señora Dogu en Tegucigalpa.
En esa fecha, el canciller hondureño cuestionó por medio de sus redes sociales que la embajadora opinara sobre la ley que fue aprobada por el Congreso Nacional y que eleva la energía eléctrica a la categoría de bien común y de seguridad nacional.
Dogu había advertido en ese momento que la enmienda propuesta por el Gobierno de Honduras era "crítica" para el desarrollo económico por sus efectos sobre la inversión extranjera y la independencia de la Agencia Reguladora de Energía.
Analistas nacionales han alertado sobre las consecuencias que pueden traer consigo los discursos de confrontación con Estados Unidos.
Estos mismos segmentos de opinión, han destacado -además- que No se observa que haya coordinación, ni capacidad, tampoco liderazgo en el Gobierno para tratar los temas de país.
