Nuevas políticas públicas enfocadas a regular la venta de chips (tarjetas SIM) y el uso de billeteras electrónicas son necesarias para el combate contra la extorsión, indicó Eduardo Lanza, subdirector Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

En ese sentido, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para controlar la compra de chips, ya que en dicha transacción no se registra quién adquirió el producto.

"Lo fácil y sencillo que es comprar una SIM card de cualquier compañía telefónica sin necesidad de dar una tarjeta de identidad, eso necesita ser regulado por Conatel", explicó en el foro Frente a Frente de Televicentro.

Por otra parte, manifestó que las billeteras electrónicas también son una herramienta que los delincuentes utilizan para sus transacciones ilícitas, por lo que deberían tener un mayor control sobre las personas que usan esas cuentas.

"Vemos que las estructuras criminales las están utilizando para generar extorsión (...) los entes reguladores en este sentido son la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y Banco Central", señaló.

Vea también: Fondo Departamental sería derogado y sustituido por otro comunitario y solidario, según bancada de Libre

Cambiar la extorsión a delito de orden público

El subdirector de Dipampco explicó que el Código Penal de Honduras reconoce delitos de orden público donde el Estado es la víctima, por lo que el proceso jurídico se desarrolla entre el imputado y el ente acusador.

Sin embargo, la extorsión es de carácter privado por lo que necesita que la víctima (o denunciante) esté presente en todo el procedimiento hasta conseguir una sentencia firme, "se le está revictimizando".

"Una propuesta es que este delito sea de orden público y así como los delitos de portación ilegal de armas y narcotráfico la víctima sea el Estado y podamos remitir a las personas que cometen este ilícito penal (extorsión)", indicó Lanza.

El funcionario reveló que en el presente año ejecutaron más de 500 capturas por el delito de la extorsión, esto gracias a la denuncia de la población (a la línea 143) y posterior trabajo en manos de las autoridades.

Puede interesarle: Seis adolescentes infractores se convertirán en universitarios