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El principal testigo en el caso de corrupción denominado "Pandora", Fernando Suárez, detenido este martes en El Salvador, cuenta con asilo político en España, emitido en mayo de 2022, por lo que no fue entregado a las autoridades hondureñas, dijo el vocero de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid.
Suárez tiene dos órdenes de captura y notificación roja por delitos de abuso de autoridad, fraude, lavado de activos, uso de documentos públicos, malversación de caudales públicos y apropiación de 15 millones de lempiras relacionado al proceso, indicó Madrid en Hoy Mismo de TSi.
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El comisionado Madrid indicó que la Interpol de El Salvador capturó a Fernando Suárez y lo entregaría hoy a la Policía en la frontera El Amatillo, pero el proceso no se ejecutó porque el implicado tiene asilo político emitido el 12 de mayo de 2022 por el gobierno de España.
En este caso, la continuidad del proceso de entrega de Suárez se hará vía diplomática, a través de gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras con España, apuntó Madrid.
Fernando Suárez "desaparecido"
En noviembre de 2021 se informó que Suárez se había fugado mientras estaba bajo el Programa de Protección de Testigos Protegidos por el caso"Pandora". Posteriormente aclaró que había renunciado a las medidas.
Pero, el jefe Fiscal de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, aseguró que Fernando Suárez no había renunciado al beneficio y que el imputado estaba "desaparecido".
No obstante, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, a petición de la Fiscalía de Honduras, dictó en noviembre anterior una orden de detención en contra Suárez.
Imputado en Pandora
Fernando Suárez fue involucrado en el caso de corrupción "Pandora" que presentó en 2018 la Ufecic, ahora Uferco, con apoyo de la MACCIH, referente al desvío de más de 280 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de Finanzas para campañas políticas.
Suárez se entregó a la justicia en ese mismo año y aceptó ser testigo después de reconocer que las organizaciones que representaba, Todos Somos Honduras y Dibattista, manejó fondos públicos para campañas de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal (PL).
En el caso se acusó a 36 personas, entre ellas diputados y exdiputados del Congreso Nacional que durante el proceso judicial salieron sobreseídos.
