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No ha sido fácil para el comisionado German Espinal maniobrar en la Unidad de Política Limpia. Cuenta que los obligaron a despedir los auditores que pasaron las pruebas de confianza.
German Espinal dice que hasta que la fuerza de persecución del delito electoral sea evidente, seguro que vendrán las amenazas.
Está consciente que tienen debilidades.
Es urgente que se apruebe la ley que les dé garras y dientes. Espera que así sea a finales de 2022.
¿Cómo fue la experiencia de la campaña electoral del 2017?
La fiscalización del proceso electoral del 2017 fue completa. Eran 4,900 candidatos a alcaldes, diputados, presidentes de partidos políticos y movimientos internos obligados a presentar reportes financieros.
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De ellos, el 70% lo presentó. Fue un logro significativo y es bueno para una institucionalidad reciente, solo un 30% no presentó informe.
¿Es suficiente el presupuesto y recurso humano para cumplir con la fiscalización?
Los presupuestos nunca son suficientes. Hay precariedad en la asignación presupuestaria.
Nos complementa la cooperación internacional, para crear herramientas.
Naciones Unidas nos ayudó a crear la plataforma Honduras Rendición de Cuentas.
El Gobierno de Xiomara Castro nos ha dado un techo más aceptable de presupuesto, esperamos que sea aprobado.
¿Qué pasó con las reformas electorales que en el 2019 entregaron al doctor Mauricio Oliva?
Se buscó construir un poder electoral, un modelo en tres pilares fundamentales y dos complementarias.
El CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia. El CNE requiere de una actualización de la ley y una modernización de toda la parte administrativa y presupuestaria.
El TJE requiere de la promulgación de su ley. La Unidad de Política Limpia nació con debilidades, con poco diente y poca garra. Se requiere una ley actualizada.
El delito electoral en el caso de Honduras es hasta las elecciones del 2017 que se investiga, se incoa un juicio y se condenan.
En este caso a seis miembros de mesas electorales, los que se prestaron a un fraude en las mesas.
¿Le genera amenazas a German Espinal la fiscalización de recursos de candidatos y candidatas?
La Unidad de Política Limpia no significa un obstáculo para el tráfico de drogas y lavado de activos. Ni el Ministerio Público, ni el Tribunal, han tenido una fuerza coercitiva legal para ser un obstáculo.
Creemos que se fortalecerá la institucionalidad y la fuerza de persecución del delito penal sea evidente, que seguro, vendrán las amenazas.
La idea es debilitar la institución y quieren que no tenga resultados.
¿Cómo se ha hecho? No dando presupuesto, dando una ley medio débil, sin garra y un personal que no logra la experiencia.
Prácticamente fuimos obligados a despedir un 40% de los auditores entrenados y seleccionados mediante meritocracia. Pasaron todas las pruebas de confianza
que en su momento la MACCIH supervisó.
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¿Cómo detectan fondos del narcotráfico en el financiamiento de campañas?
El narcotráfico, el lavado de activos, crimen organizado y la corrupción, son amenazas permanentes.
El Banco Mundial y Naciones Unidas señala que buscan secuestrar o poner al servicio de ellos las instituciones de seguridad nacional.
El objetivo de capturar la voluntad de las instituciones que puedan beneficiarlos, es permanente.
¿Tienen limitaciones?
Tenemos limitaciones en niveles de dirección. Los burócratas en Honduras le tienen miedo a la modernización electoral, al tema de la informática, no es bien
comprendida.
¿Se giran alertas oportunas o es hasta que un candidato sale a la palestra pública que la misma sociedad advierte de la contaminación de "x" o "y" candidato?
La ley le indica a la Unidad de Política Limpia el principio de máxima divulgación.
La información está expuesta en la plataforma del Instituto de Acceso a la Información.
De manera similar, en formato digital y electrónica pueden tener acceso a esta información.
Del 2017 a la fecha ¿qué ha cambiado en la vigilancia de las campañas políticas?
Tenemos un resultado modesto. En consecuencia, son los medios de comunicación, como los observatorios ciudadanos los que han sido más agudos.
Hay organizaciones de sociedad civil que han ganado mucha experiencia en procesos de veeduría, monitoreo y denuncia.
¿Por qué la tardanza en la divulgación de informes de las dos campañas en las que fiscalizaron los recursos de los candidatos?
La divulgación de la información se hace conforme lo indica la ley.
Las prórrogas que ha promulgado el Congreso Nacional limita que el resto de información sea publicado.
La Unidad de Política Limpia y el mismo Consejo Nacional Electoral han publicado la información en el tiempo debido. De no hacerlo, tendríamos sanciones.
¿Qué hace falta en la Unidad para cumplir con la tarea de fiscalización?
Actualizar la ley. Tenemos un proyecto de ley, es por ello, que contamos con la opinión jurídica internacional de otros países.
Ese borrador lo estamos turnando con estos referentes.
Hemos hablado con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y con la comisión de reformas electorales.
Importante es el apoyo de los organismos internacionales.
Ellos lo discutirán y esperamos se tenga antes que finalice el año.
