Planes, intervenciones y emergencias: los intentos del Gobierno contra la violencia
El Gobierno hondureño que encabeza la presidenta Xiomara Castro ha emprendido una serie de estrategias para abordar la problemática de la inseguridad, con una "guerra" contra las maras, pandillas y demás grupos del crimen organizado que imperan en el país centroamericano.
El pasado 31 de marzo, Castro aprobó en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen en la que se prorrogó el estado de excepción decretado en diciembre de 2022 y que rige parcialmente en Honduras.
Durante el lanzamiento de ese Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, a finales de noviembre de 2022, Castro declaró emergencia nacional en materia de seguridad ante la alza de asesinatos ligados al cobro del llamado "impuesto de guerra", una recaudación de dinero hecha por las maras y pandillas a comerciantes y transportistas, principalmente.
Unos días después, el 6 de diciembre, entró en vigor por un lapso de 30 días, el estado de excepción en zonas focalizadas del país para combatir a las maras y pandillas, siendo principalmente la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13, las de mayor poder criminal en Honduras, y que se extienden en otros países de la región como Guatemala y El Salvador.
La medida fue renovada en enero por 45 días más, luego en febrero por otros 45 días y así, sucesivamente, hasta el próximo 5 de julio donde, posiblemente, se extienda por un periodo más.
Recientemente, la Policía Nacional indicó que la primera etapa del plan de seguridad "ha obtenido importantes resultados" y, hasta junio, se habían obtenido 238 detenciones por extorsión en 11 departamentos de Honduras.
Son, en promedio, 39 personas capturadas por mes, sin embargo, en los juzgados con competencia nacional en materia de extorsión, sólo 22 fueron condenados. 71 acudieron a una audiencia de declaración de imputado y otros 71 se quedaron en la audiencia inicial.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Acciones
La lucha contra el crimen organizado fue una de las propuestas de Castro en su Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 y en el mismo se propuso un combate "frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos" en Honduras.
"Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico", menciona el documento.
Dentro del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos se propuso, además, la recuperación de los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, pero combinando "el uso proporcionado y responsable de la fuerza".
Asimismo, se planteó el fortalecimiento de los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales.
Entre enero y abril de 2023 una veintena de pandilleros originarios de El Salvador fueron capturados en zonas fronterizas de Honduras, muchos de ellos huyendo del extado de excepción aplicado por el presidente Nayib Bukele que ha dejado la captura de al menos 65,000 presuntos pandilleros y mareros.
Las decisiones tomadas por Castro en Honduras han sido comparadas, incluso, con las medidas adoptadas por el presidente Bukele, quien declaró estado de excepción en marzo de 2022 y la medida se ha prorrogado hasta la actualidad.
Para Castro, según ha declarado, la extorsión es "el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras" y "una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios".
La lucha de Nayib Bukele contra las maras y pandillas es admirada por un amplio sector de la sociedad hondureña.
Crisis en centros penales
Ahora, Castro se enfrenta a un nuevo problema: recuperar la gobernabilidad en los centros penales, una tarea que se le salió de las manos a la Policía Nacional tras una serie de reyertas y amotinamientos.
El último de ellos dejó como saldo la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, a unos 32 kilómetros de Tegucigalpa, la capital del país.
La mandataria hondureña anunció en marzo la intervención de los centros penales del país, tras una serie de tiroteos protagonizados por integrantes de las MS-13 y el Barrio 18 en cuatro cárceles simultáneamente.
"La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo", dijo Castro en Twitter.
