El pasado 31 de marzo, Castro aprobó en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen en la que se prorrogó el estado de excepción decretado en diciembre de 2022 y que rige parcialmente en Honduras.

Durante el lanzamiento de ese Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, a finales de noviembre de 2022, Castro declaró emergencia nacional en materia de seguridad ante la alza de asesinatos ligados al cobro del llamado "impuesto de guerra", una recaudación de dinero hecha por las maras y pandillas a comerciantes y transportistas, principalmente.

Unos días después, el 6 de diciembre, entró en vigor por un lapso de 30 días, el estado de excepción en zonas focalizadas del país para combatir a las maras y pandillas, siendo principalmente la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13, las de mayor poder criminal en Honduras, y que se extienden en otros países de la región como Guatemala y El Salvador.

La medida fue renovada en enero por 45 días más, luego en febrero por otros 45 días y así, sucesivamente, hasta el próximo 5 de julio donde, posiblemente, se extienda por un periodo más.

Recientemente, la Policía Nacional indicó que la primera etapa del plan de seguridad "ha obtenido importantes resultados" y, hasta junio, se habían obtenido 238 detenciones por extorsión en 11 departamentos de Honduras.

Son, en promedio, 39 personas capturadas por mes, sin embargo, en los juzgados con competencia nacional en materia de extorsión, sólo 22 fueron condenados. 71 acudieron a una audiencia de declaración de imputado y otros 71 se quedaron en la audiencia inicial.

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Acciones

La lucha contra el crimen organizado fue una de las propuestas de Castro en su Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 y en el mismo se propuso un combate "frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos" en Honduras.

"Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico", menciona el documento.

Dentro del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos se propuso, además, la recuperación de los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, pero combinando "el uso proporcionado y responsable de la fuerza".

Asimismo, se planteó el fortalecimiento de los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales.

Entre enero y abril de 2023 una veintena de pandilleros originarios de El Salvador fueron capturados en zonas fronterizas de Honduras, muchos de ellos huyendo del extado de excepción aplicado por el presidente Nayib Bukele que ha dejado la captura de al menos 65,000 presuntos pandilleros y mareros.

Las decisiones tomadas por Castro en Honduras han sido comparadas, incluso, con las medidas adoptadas por el presidente Bukele, quien declaró estado de excepción en marzo de 2022 y la medida se ha prorrogado hasta la actualidad.

Para Castro, según ha declarado, la extorsión es "el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras" y "una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios".

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Plan antiextorsión

De acuerdo a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), una víctima de extorsión en Honduras paga alrededor de 87,500 lempiras (3,535.35 dólares) al año.

En Honduras se pagan anualmente entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 mil millones de lempiras) por concepto de extorsión, según un informe de Global Financial Integrity (GFI).

Algunos comerciantes denuncian que el pago de la extorsión se hace hasta a tres o cuatro estructuras criminales, siendo estas la MS-13 y el Barrio 18, como dos de las principales.

Además, la ASJ aseguró en un informe de junio 2023 denominado "Extorsion Bajo la Lupa" que encontró que, de las 30 acciones enlistadas en el plan de seguridad, solo se cumplió una en los primeros seis meses de implementación.

Asimismo, destacó que, a pesar de los esfuerzos, la amenaza de la extorsión continúa, pues la tasa de victimización se ha reducido levemente, de un 9 % en 2022 a un 8.4 % en 2023.

Pero el problema no es nuevo, pues Castro ha insistido en que durante los 12 años previos a su mandato (ocho de ellos bajo Juan Orlando Hernández, acusado por Estados Unidos de narcotráfico), Honduras fue "víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo", organización que habría permeado las instituciones y elevado la violencia en el país.

Honduras registró, al cierre del año 2022, la cifra más baja de homicidios desde el 2006 con un total de 3,435 muertes violentas, 507 menos que las contabilizados en el 2021, según cifras oficiales.

El país centroamericano cerró el 2022 con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100 mil habitantes, siendo la cifra más baja de las últimas dos décadas.

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Solución contra el crimen

Para seguir evitando el flagelo de la extorsión, en marzo Castro aprobó la "II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen", que contiene nueve medidas para aplicarse durante los próximos meses.

Entre otras cuestiones, se establece la prórroga del estado de excepción por unos seis meses más, que la mandataria irá renovando cada 45 días.

Asimismo, se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la habilitación de batallones como "Centros de Reclusión de Emergencia".

Y a su vez, reactivar las cámaras del Sistema de Emergencias 911 que dejó de funcionar desde hace unos ocho meses; se le pide al Poder Judicial asignar jueces y al Ministerio Público fiscales especiales para acompañar las acciones del plan.

También se dispuso un decreto de emergencia para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penales de máxima seguridad en cualquier sitio del territorio nacional, otra de las comparaciones que han surgido respecto a lo que ha hecho Bukele en El Salvador.

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Crisis en centros penales

Ahora, Castro se enfrenta a un nuevo problema: recuperar la gobernabilidad en los centros penales, una tarea que se le salió de las manos a la Policía Nacional tras una serie de reyertas y amotinamientos.

El último de ellos dejó como saldo la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, a unos 32 kilómetros de Tegucigalpa, la capital del país.

La mandataria hondureña anunció en marzo la intervención de los centros penales del país, tras una serie de tiroteos protagonizados por integrantes de las MS-13 y el Barrio 18 en cuatro cárceles simultáneamente.

"La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo", dijo Castro en Twitter.

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Plan de intervenciónfallido

No obstante, la intervención duró poco, pues tras la masacre de las 46 reclusas en Támara se destituyó a la directora de la interventora, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, y le devolvió el control de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Además, originó la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y en su lugar fue nombrado el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

El plan de intervención contenía 10 puntos:

1. Desarme real a través de registros manuales y electrónicos en todos los recintos
2. Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas
3. Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación personal y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir
4. Instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistema de monitoreo y vigilancia digital con control central las 24 horas del día
5. Traslados y reubicación de los privados de libertad en los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados)
6. Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas
7. Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores
8. Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles
9. Aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación, revisión y ajuste salarial
10. Crear el banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad

Militares toman el orden

Imágenes difundidas en redes sociales que mostraban a reos del Barrio 18 en ropa interior y colocados unos tras otros hizo recordar a las acciones aplicadas por Bukele en El Salvador y de allí se derivaron las comparaciones entre Castro y el mandatario salvadoreño.

Aunque las medidas puestas en marcha en Honduras se enmarcarían en el Plan de Gobierno presentado previamente por Castro, lo ocurrido en El Salvador parece haber influido.

El despliegue militar si contradice un poco lo establecido en el Plan de Gobierno que presentó Castro en campaña, en el que proponía "desmilitarizar la seguridad ciudadana" y "regresar a los militares a sus cuarteles".

Junto a ello, Castro también anunció una operación policial Candado Valle de Sula, que busca controlar la violencia en la zona norte y recuperar las áreas tomadas por las pandillas.

Lo anterior luego de una masacre que dejó 13 personas muertas dentro de un billar en el barrio Victoria de Choloma, Cortés.

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), son 26 masacres las que suman en lo que va del 2023.

Estos hechos violentos han cobrado la vida de 145 personas; 80 hombres y 65 mujeres.

Las masacres en Honduras han incrementado 13% en comparación con 2022, cuando a la misma fecha se registraron 23 homicidios múltiples.

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