El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, dijo el sábado 28 de marzo a través de su cuenta de Twitter que en el país no hay condiciones para juzgar al exmadatario, Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, porque colocó "a los que controlan la justicia" hondureña.

"En Honduras no hay condiciones para que el que usurpó la Presidencia, impuesto con financiamiento de corrupción y narcotráfico, pague por sus actos crimínales, si el puso a los que controlan la justicia", escribió Redondo en Twitter.

Hernández (2014-2022) es pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, bajo tres cargos asociados con narcotráfico y uso de armas, pero su defensa apeló la resolución de un juez designado que el 16 de marzo autorizó su entrega.

La Corte Suprema de Justicia admitió la apelación y será el pleno de magistrados que el lunes 28 de marzo ratificará, modificará o revocará la decisión de extradición del exgobernante.

El equipo de abogados de Juan Orlando Hernández confía que la Corte emitirá una resolución favorable para no extraditarlo, y que hay posibilidades de que el exmandatario enfrente a la justicia en Honduras.

Una de las abogadas de Hernández, Rosa Elena Bonilla, aseguró que el Ministerio Público tiene 32 causas judiciales en contra del exmandatario, por lo que mientras no se se cierren las investigaciones no puede extraditarse a Estados Unidos.

Denuncias contra JOH

El portavoz de la Fiscalía hondureña, Yuri Mora, dijo que las 32 denuncias en contra de Hernández "solo quedaron en denuncias", es decir que no hay requerimientos en su contra, por lo que no la extradición no se frenaría por ese motivo.

El Tratado de Extradición suscrito entre Honduras y Estados Unidos estipula que el envío de nacionales puede evitarse si el imputado tiene procedimientos judiciales, requerimientos fiscales o acusaciones en el país.

El expresidente Juan Orlando Hernández guarda prisión en la unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional tras su captura en su casa en Tegucigalpa, el 15 de febrero, un día después de que Estados Unidos solicitó su arresto preventivo con fines de extradición.

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