La medición de The 1841 Foundation, publicada el pasado mes de octubre, evaluó a más de 80 países de América y Europa, evidencia el deterioro en Argentina y Brasil, además agrega a Honduras entre las 13 peores posiciones.
Los resultados son en función de datos obtenidos de fuentes públicas, específicamente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
De esta forma, el trabajo diferenció tres grupos: los infiernos fiscales (del puesto 1 al 13 del ranking); los países en riesgo de convertirse en uno (ocupan del lugar 14 al 32) y los países en situación de normalidad (del lugar 33 al 82 del ranking).
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La parte más baja del ranking está integrada por países que podrían ser considerados paraísos fiscales (entre ellos, Malta, Luxemburgo, Suiza e Irlanda) y por países que, si bien tienen impuestos altos, ofrecen una gran seguridad jurídica a sus habitantes y a quienes realicen inversiones o negocios allí (Dinamarca, Suecia y Noruega).
Ranking de infiernos fiscales
En el top 13, hay dos agregados (Brasil y El Salvador), y uno que logró salir (Bosnia y Herzegovina). Una vez más, el top 3 de Infiernos Fiscales incluye a dos países latinoamericanos.
El primer lugar del ranking ha sido para Bielorrusia, con Venezuela y Argentina siguiéndola a continuación. Les sigue Ucrania, Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Rusia, Surinam, Honduras, El Salvador y Haití.
"Honduras continúa siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Antes de los dos impactos -Eta e Iota- sufridos en 2020, aproximadamente el 25.2% de la población hondureña vivía en situación de extrema pobreza, y casi la mitad de la población (4.4 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza, según los indicadores oficiales", destaca el informe.
Si bien la presión fiscal es un factor importante, The 1841 Foundation cree que un "Infierno fiscal" no se limita únicamente a un país con altos impuestos, sino más bien a un país en el cual el Estado de derecho es débil y los derechos a la privacidad y a la propiedad no se protegen como es debido.
Gobierno urge aprobar Ley de Justicia Tributaria
El Gobierno hondureño urgió este jueves al Congreso Nacional a aprobar la polémica Ley de Justicia Tributaria antes de junio de 2024, que rechazan varios sectores, para que no declaren a Honduras una 'guarida fiscal'.
"Urgimos a los diputados que aún se oponen a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria a recapacitar. Honduras se encuentra a la cola a nivel mundial en materia de transparencia tributaria", dijo el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa.
Señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó al Gobierno hondureño que, de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria antes de junio de 2024, Honduras podría ser "formalmente declarada como una guarida fiscal".
"Una calificación no conforme implicaría mayores dificultades para acceder a préstamos y donaciones para el desarrollo del país y sanciones económicas para exportar a mercados como la Unión Europea (UE)", subrayó.
Ochoa indicó que Honduras aprobó entre 2009 y 2021 alrededor de 40 decretos que permitieron que "unas pocas familias ocultaran su riqueza en paraísos fiscales, con el fin de evitar el pago de impuestos".
Agregó que la ley evitará que Honduras "sea declarado formalmente paraíso fiscal y nos permitirá combatir la evasión de las grandes fortunas del país".
Cohep dice que Ochoa miente
Ante las aseveraciones del titular de la SAR, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, afirmó que el funcionario miente sobre el contenido de dicha nota.
"Hay una comunicación en efecto, la misma que le mandaron a Costa Rica y no establece lo que él -Marlon Ochoa- dice de manera pública, hay exageración", dijo Urtecho.
Agregó que Costa Rica estuvo en la misma situación que Honduras, no aprobó la ley -Tributaria- y no la declararon la OCDE una "guarida fiscal".
De su lado, el expresidente del Cohep, Luis Larach calificó las declaraciones de Ochoa como "una farsa".
"Todos estamos claros que de que eso -Ley de Justicia Tributaria- no tiene nada de tributario y nada fiscal. Es una herramienta política para silenciar al empresario", indicó Larach.
Finalmente, el economista José Luis Moncada aseveró que ser declarado "un paraíso fiscal no es algo grave". Más bien, percibe otras intenciones en el Gobierno.
"Lo que entiendo es que quieren empujar a que sea la Comisión Permanente -del Congreso Nacional- la que apruebe la Ley de Justicia Tributaria, lo cual no tiene ningún fundamento jurídico", puntualizó Moncada.
El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo el pasado 26 de abril al Legislativo y ese mismo día fue remitido a una comisión para su estudio antes de ser conocida en el pleno para su aprobación, para lo que requiere el voto de al menos 65 de los 128 diputados.
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