El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló este martes que el Estado de Honduras incumple el 100 por ciento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Mediante un comunicado de prensa, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, exhortó al Estado hondureño a cumplir sin dilaciones las sentencias de la CIDH, ya que el 100 por ciento están pendientes de cumplimiento en lo que respecta a la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas.

El Conadeh instó a las autoridades de Honduras a cumplirla luego que fuera encontrado responsable internacionalmente por la ejecución extrajudicial del dirigente sindical, Herminio Deras García, detenido y ejecutado por miembros del Batallón 3-16, en enero 1983.

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Obligados a investigar y juzgar a responsables

Desde 1988 a octubre del 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos por dicha Corte. Actualmente 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fueron archivados.

Además, en 13 de las sentencias aún abiertas hay 117 medidas de reparación dictadas por la CIDH de las cuales; 34 están cumplidas, cuatro cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento.

Al respecto, Izaguirre consideró que cuando se incumplen las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se evaden las expectativas de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

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"En la lucha contra la impunidad, el Estado hondureño tiene la obligación de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos; y garantizar el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad de lo ocurrido", dijo la Defensora del Pueblo.

Recomendaciones

Según el Conadeh, entre las recomendaciones dictadas por la CIDH están las encaminadas a la adopción de medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que garanticen la no repetición de las violaciones por las cuales se declaró la responsabilidad del Estado hondureño.

En este sentido, ninguna de las sentencias se ha cumplido en su totalidad por este país centroamericano; solo un 10 por ciento se cumplieron parcialmente, mientras que el 90 por ciento están pendientes de cumplimiento.

En lo que respecta a la restitución, que contempla medidas como ordenar la libertad de personas detenidas arbitrariamente; reintegrar a su domicilio a quien ha sido desplazado forzosamente, el reintegro laboral.

Asimismo, la cancelación de antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales y la devolución, demarcación y titulación del territorio de propiedad indígena.

En lo relativo a la rehabilitación, que consiste en la atención médica y psicológica necesaria para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; la cual debe ser ofrecida de manera inmediata y gratuita, el Estado hondureño cumplió en un 40 por ciento.

Otra de las medidas de reparación es la compensación, que consiste en la retribución económica de los daños provocados por las violaciones cometidas que debe concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad del perjuicio causado.

El Estado hondureño cumplió en un 62 por ciento, parcialmente lo hizo en un tres por ciento y está pendiente de cumplimiento el 35 por ciento.

En 1981, Honduras aceptó la jurisdicción contenciosa de la CIDH. La primera sentencia contra el Estado de Honduras se emitió el 9 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, posteriormente se emitieron otras 16 sentencias.

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