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No obstante, Sabillón indicó que la situación de las centros penales hondureños "no se puede ver desde una (sola) óptica", pues además de los conflictos entre internos, existen problemas estructurales y de infraestructura, de tipo administrativo, "más los actores de afuera que están llevando agua a su molino o defendiendo sus intereses".
"Es todo un contexto", agregó Sabillón, al tiempo que reiteró que el plan de intervención del sistema carcelario será bastante fuerte para evitar que se sigan registrando hechos violentos entre los mismos privados de libertad.
"Lo estamos haciendo fuerte, siempre hay retos y desafíos de cómo podemos mejorar las medidas de control, qué tecnología usamos, qué talento humanos estamos calificando y certificando", expresó el funcionario.
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Al mismo tiempo, Ramón Sabillón sostuvo que, aunque los enfrentamientos entre reclusos han sido frecuentes en el centro penal llamado El Pozo, ubicado en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, al occidente de Honduras, es en todos los recintos del país que se violentan las normas.
Violencia en cárceles
En las últimas dos semanas se registraron al menos seis hechos violentos en cuatro cárceles del país, dejando una persona muerta y más de una decena de heridos.
Las reyertas con uso de armas se dieron el 8 de abril de manera simultánea en la cárcel El Pozo, de Ilama, Santa Bárbara; en "La Tolva", de Morocelí, El Paraíso; en Támara, Tegucigalpa; y en Siria de El Porvenir, en Francisco Morazán.
Y entre el 9 y 19 de abril se dieron tiroteos en "El Pozo".
Respuesta de reos a medidas
En ese sentido, el secretario de Seguridad manifestó que estos hechos son parte de un plan de ciertos grupos criminales por el anuncio que hizo la presidenta, Xiomara Castro, de intervenir los centros penitenciarios "para reducir el control y gobierno criminal".
Sabillón aseguró también que las cárceles no están totalmente manejadas por estructuras de narcotráfico y crimen organizado, pero igual, están trabajando para retomar el control total.
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"Hay autores desde afuera que tienen implicación e intereses en ciertos aspectos que se dan y no son meramente económico, hay estatus de poder criminal, de control. Cada uno tiene su lucha de poder a tal grado de que legitimaban a las autoridades internas y eso no debe de ocurrir", apuntó el funcionario.
Son 10 medidas que implementarán las autoridades en 25 centros penales de Honduras, y van desde el desarme de reos, bloqueo de las señales de comunicación telefónica, instalar un sistema de monitoreo y vigilancia digital, reclasificar y aislar a reos de acuerdo a su grado de peligrosidad.
