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En tal sentido, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, dijo que "aquí se trasladaría no solamente privados de libertad de centros penitenciarios como 'La Tolva' en Morocelí, El Paraíso y 'El Pozo', en Ilama, Santa Bárbara, si no también aquellos internos considerados de alta peligrosidad".
Ambas serían construidas en zonas alejadas de los centros urbanos para evitar que los criminales tengan acceso a comunicación con el exterior y desde las cárceles no puedan extorsionar ni ordenar la comisión de delitos.
"Lo que se busca es evitar que los privados de libertad que estarán ahí recluidos tengan algún tipo de contacto con el mundo externo", manifestó Barahona.
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Recomendación
Por su parte, el criminólogo Gonzalo Sánchez, recomienda al Gobierno apostar por políticas públicas preventivas en lugar de construir más cárceles de máxima seguridad en el país.
"El Gobierno de comenzar a combatir la pobreza y el analfabetismo, porque eso acarrea que las personas por dinero puedan delinquir", expresó Sánchez.
Sin embargo, desde la oposición aseguran que esta medida es "un distractor" del verdadero problema de seguridad que afecta a la población hondureña.
"No hay duda que como no tienen estrategia, quieren mantener la gente distraída, mientras siguen matando a las mujeres y hermanos hondureños. La forma más fácil es decir que van a construir más cárceles", indicó la diputada nacionalista, Johana Bermúdez.
Entre tanto, el congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, consideró oportuno capacitar las investigaciones antes de establecer nuevos centros penales.
La construcción de nuevas cárceles contribuirá a reducir el hacinamiento de las 26 cárceles que albergan una población de aproximadamente 20 mil privados de libertad.
La propuesta de las autoridades policiales incluye la construcción de un centro penal simple en Intibucá; y la transformación de otras seis cárceles en granjas de transición para reos que estén por cumplir condena.