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La jueza Karla Romero, quién juramentó el pasado 27 de enero a la presidenta Xiomara Castro interpuso este martes un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto de la amnistía política aprobado por el Congreso Nacional (CN) que preside Luis Redondo.
La profesional del derecho llegó hasta el Poder Judicial y manifestó a medios de comunicación que dicha ley de amnistía debe de declararse inconstitucional. “Debe declararse inconstitucional; lo que debe de hacerse es retomar lo que si dice el Informe sobre la Verdad y Reconciliación y hacerlo en la forma correcta”, indicó.
Seguidamente, Romero justificó que los artículos 87 y 88 de la Ley de Justicia Constitucional la faculta a interponer recurso de inconstitucionalidad. Además, detalló que estos artículos están orientados a que los órganos del Poder Judicial interpongan recursos cuando tienen el conocimiento de una ley que vulnera la Constitución de la República.
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"No estamos en contra que haya una ley de amnistía, pero debe hacerse de forma correcta. Hay sectores que deben saber la diferencia entre indulto y amnistía para poder respetar el Estado de Derecho", precisó.
Finalmente, la jueza Karla Romero expresó que mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad no se podrá resolver solicitudes de aplicación de la amnistía.
Los beneficiados con decreto de Amnistía
Los principales beneficiados con la aplicación de la cuestionada Ley de Amnistía, serán las víctimas de persecución política del golpe de Estado de 2009.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) hay casi cuatro mil campesinos que son perseguidos judicialmente por estar en contra de los hechos sucedidos el 28 de junio de 2009.
De acuerdo con los artículos del decreto, la amnistía exculpará de sus acciones o comisión de delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos hondureños.
Esta amnistía ha recibido criticas por diversos sectores que calificaron su aprobación como un "nuevo pacto de impunidad en Honduras".
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El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como empleados, funcionarios o autoridades electas durante la administración del expresidente, José Manuel Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
El decreto establece que estas personas fueron víctimas al ser acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado. Además, por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".
Dos exfuncionarios del "Poder Ciudadano", Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri; ya comenzaron a ver los frutos de dicha ley, al recibir sus cartas de libertad y responsabilidad penal.
