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Los diputados del partido Salvador de Honduras (PSH) presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el decreto de amnistía política, dijo este martes 8 de marzo la parlamentaria de ese instituto, Suyapa Figueroa.
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“Nos parece prioritario y se debe hacer lo antes posible, para ponerle algunos candados y límites a esa amnistía, para que no quede tan amplia como ha quedado y que dé lugar a gente que no debe estar acogida por esta amnistía”, indicó la expresidenta del Colegio Médico de Honduras.
“Debemos enmendar eso lo antes posible evitando así que se siga trabajando bajo el amparo de esa ley, con una liberalidad que no es correspondiente y queremos evitar que haya impunidad”, manifestó.
Asimismo, Figueroa señaló que la Fiscalía General de la República ha guardado silencio y no ha frenado esta Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan.
“La Fiscalía no ha interpuesto ninguna acción en contra de la amnistía, siendo que ellos deben defender a la población para que no haya impunidad”, declaró.
PSH en contra de la “ley de impunidad”
El pasado viernes 4 de marzo, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez anunció que su partido presentaría esta iniciativa orientada a cerrar el paso a los implicados en hechos de corrupción.
Ramírez manifestó que el objetivo de dicha iniciativa es garantizar que las personas beneficiadas con la ley sean verdaderos presos políticos.
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“Con mucha responsabilidad nosotros no hemos aprobado una ley para que otros sectores se aprovechen de la misma”, expresó Ramírez.
Por su parte, la congresista del PSH, Ligia Ramos, dijo que como partido político en el CN no quiere que el decreto de amnistía se utilice para crear impunidad.
“No queremos que se use para impunidad, se debe estipular para las personas que tienen 12 años de ser presos políticos”, indicó Ramos.
Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan
El pasado mes de febrero de 2022, se aprobó desde el Congreso Nacional la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, con la que se absolvería de delitos a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).
La normativa contiene un capítulo mediante el cual permite aplicar una amnistía "amplia e incondicional" a funcionarios, autoridades electas y señalados por delitos políticos o conexos con estos en ese periodo de tiempo.
El decreto establece que estas personas fueron víctimas del golpe de Estado al ser acusados criminalmente, por oponerse y protestar contra dicho golpe, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
Esta normativa la presentó el diputado de Libertad y Refundación, Rasel Tomé, y la misma otorga amnistía a presos y perseguidos desde 2009.
Igualmente, beneficiaría a personas que figuraron como funcionarios, empleados y autoridades electas durante el periodo del 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009.
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Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza
Amparados en este decreto de amnistía, los exfuncionarios Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza ya recibieron varias cartas de libertad con lo que se le absuelve de los delitos por los que se les perseguía.
Marcelo Chimirri, fue condenado a una pena acumulada de 17 años, por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad.
Mientras que a Enrique Flores Lanza se le acusó por abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, malversación de caudales públicos, entre otros. Lanza ha obtenido cinco sobreseimientos gracias a esta amnistía.
