La discusión del artículo 15, específicamente en los incisos b y c, trabó el sábado pasado el avance de la aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora que elegirá la nueva Corte de Justicia (CSJ).

Esos incisos limitan la autopostulación de candidatos que fueran miembros activos de partidos políticos o que lo hubieran sido en los últimos dos años.

Además, el inciso c pide que entre esos candidatos no deben haber sido condenados por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias.

Durante la discusión, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, propuso que se eliminara el inciso b, lo que terminó en el cierre de la sesión al justificar: “Compañeros, me han pedido suspender la sesión debido a problemas con algo que comieron y vemos bien convocar para el lunes (hoy)”.

La diputada de Libre, Beatriz Valle, fue la que más cuestionó la propuesta de eliminar el inciso b del artículo 15: “No estamos de acuerdo con que se elimine el inciso. ¿Cómo pueden aplicar los abusadores de mujeres, los que no pagan alimentos a sus hijos y la dirigencia de los partidos?”, dijo.

La propuesta, aunque no ha sido aprobada, fue aceptada por la comisión legislativa.

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Reacciones sobre el artículo 15

“El requisito que se exige para ciertos cargos es no haber sido condenado por delitos dolosos, aún cuando no esté firme su sentencia, no es por ser inocente o culpable, es porque una persona procesada ya no goza de una conducta intachable y solvencia moral para optar a un cargo”, expresó Luis Javier Santos, fiscal de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco).

Mientras Salvador Nasralla, designado presidencial, opina que se necesita una Corte independiente, porque el sistema de gobernanza está infiltrado por el crimen organizado. “Algunos diputados representan intereses del crimen organizado y por eso quieren mantener personas que los defiendan en la Corte. Ellos quieren seguir mandando y que continúe en Honduras la corrupción e impunidad”.

Por otra parte, expresó: "No tienen porqué ser políticos ni haberlo sido. Valores éticos deben pasar por encima de criterios ideológicos o políticos. Se necesita una Corte
independiente".

Yuri Melara, exfiscal general adjunto, es del criterio que el calificativo “activo” en un partido, que limitaría la participación de abogados en la autopropuesta, es algo subjetivo. “Cae en la subjetividad y debe aplicarse en la misma forma de la junta proponente. La prohibición debería ser a los directivos, o funcionarios que representan un partido político o que fueron candidatos en las últimas elecciones.

La prohibición debe quedar, pero explícita”. Si en algo concuerda el ministro de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, es que se debe “insistir que los
dirigentes de los partidos sean excluidos” y aboga por la prohibición de que los abusadores de sus padres, de sus mujeres, sus hijos o de sus familias no puedan postularse como magistrados.

La discusión se empantana porque hay interés en ciertos diputados en eliminar esa prohibición, recordó Kenneth Madrid, abogado. Porque “quieren a políticos en la
Corte. Lo aconsejable es contar con todas las salvaguardas y no tener temor de regular adecuadamente el proceso”.

Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), propuso a los diputados un ejemplo de coherencia con reformas a la la Ley Orgánica en la elección de Magistrados. “Que no participen abogados que en sus despachos legales sean representantes de bancos y empresas mercantiles, que estén en procesos de amnistía y los que votaron anteriormente en procesos de selección, que se abstengan si tienen conflictos de intereses”.

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