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El proyecto de la Ley Integral para la Seguridad en las Telecomunicaciones, de aprobarse, permitirá a las autoridades de Seguridad intervenir los teléfonos celulares en casos específicos, como extorsión, siempre y cuando sean ordenados por juez competente.
No obstante, desde la oposición aseguran que la ley tiene vicios de inconstitucionalidad al considerar que violentará derechos fundamentales de los hondureños, como su privacidad en redes sociales, principalmente las de mensajería como WhatsApp y Telegram.
"Creo que nadie se va oponer a algo que todo mundo sabe que tenemos que combatir. Me extraña mucho que se estén oponiendo a normativas jurídicas para reducir la extorsión en el país", señaló Redondo.
"Cuando exista una extorsión que termina en sacarle dinero a los comerciantes o en asesinar gente, se va buscar por todos los medios a través de la intervención telefónica", agregó.
El artículo 23 de la iniciativa, establece que los registros en cuestión incluyen llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto (entre terminales o vía Internet), direcciones IP, y "otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que puedan implementarse en el futuro".
El Congreso Nacional dispensó la ley en los primeros dos debates del dictamen y lo llevará a una sola discusión y votación durante la semana, adelantó Redondo.
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Partido Nacional en contra de la ley
Para el Partido Nacional, este artículo "contempla reglamentar el acceso expedito a la información de esta base de datos por parte de entes de investigación, prescindiendo también de la necesidad de una autorización judicial", dijeron en un comunicado.
A ello, Redondo aseguró que "no hay ningún fundamento jurídico porque por todos es conocido que la intervención o espionaje tiene que ver con la ley que ya se había aprobado antes.
"Las intervenciones telefónicas ya existen por orden de un juez, la pregunta es cómo en el periodo anterior le hicieron grabaciones a varios diputados y habrá que ver si lo que hubo fue abuso de autoridad o fue por orden de un juez", comentó el parlamentario.
Otros de los puntos que preocupan al Partido Nacional radican en los artículos 25 y 26, debido a que permiten a la Secretaría de Seguridad, al Ministerio Público, Conatel y a la autoridad judicial tener acceso a diversas formas de comunicación, como registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz y mensajes de texto.
Sin embargo, Redondo explicó que este es un tema meramente técnico: "no hay posibilidad de que vean tus fotos, no hay posibilidad de que escuchen tus audios o que lean los mensajes", aseguró.
"Es una cosa lógica, cuando exista una denuncia lo que se hará es revisar de dónde vinieron los mensajes, fechas, elementos técnicos que determinen el origen de los mensajes", añadió.
Se necesitará orden judicial
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que las intervenciones telefónicas continuarán requiriendo de una orden judicial para acceder a los datos cuando las investigaciones lo requieran.
"La Secretaría de Seguridad solicitará al fiscal la intervención de un número telefónico, el fiscal revisará la solicitud y la elevará a un juez. La Policía Nacional no podrá hacer ninguna de estas intervenciones sin autorización de un juez o un fiscal", aseguró Sánchez a La Tarde de HRN.
En caso de los vaciados telefónicos, el proceso irá directamente solicitado desde la Policía Nacional al Ministerio Público, quienes son los que le dan la orden a las operadoras de telecomunicaciones.
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