"Como bancada nos oponemos a este proyecto de ley, porque contiene vicios de constitucionalidad de fondo que, de aprobarse en el Congreso Nacional, violentaría derechos fundamentales del ciudadano", manifestaron en un comunicado los diputados del principal partido de oposición dentro del Legislativo.

Agregaron: "Permitirá el acceso sin orden judicial a las comunicaciones, llamadas, mensajes y redes de más de 8 millones de usuarios de telefonía móvil".

Argumentaron que el proyecto de ley contiene vicios de constitucionalidad que podrían resultar en una violación a los derechos ciudadanos

En especifico, resaltaron que existe una contradicción con el artículo 76 de la Constitución de la República.

"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, así como a la propia imagen", indica ese artículo constitucional.

Uno de los puntos más cuestionados en el proyecto de ley es la creación de una base de datos que contendrá información confidencial de más de 8 millones de usuarios de telefonía móvil en Honduras.

Esta base de datos estará a disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, "sin que exista ningún tipo de control judicial o mecanismo de restricción", denunciaron.

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También, indicó la bancada del Partido Nacional, contraviene el artículo 100 de la Carta Magna: "Toda persona tiene derecho a la viabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial…".

Preocupaciones

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La bancada del Partido Nacional también cuestionó el artículo 23 del proyecto, porque "contempla reglamentar el acceso expedito a la información de esta base de datos por parte de entes de investigación, prescindiendo también de la necesidad de una autorización judicial".

Seguidamente, reprochó que el proyecto de ley exija a establecimientos como cibercafés, hoteles y salas de eventos a que mantengan un registro durante dos años de todos los clientes que utilicen su servicio de internet gratuito.

Según indicaron los diputados del Partido Nacional, otro de los puntos más preocupantes radican en los artículos 25 y 26, debido a que permiten a la Secretaría de Seguridad, al Ministerio Público, a la Conatel y a la autoridad judicial tener acceso a diversas formas de comunicación, como registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto e incluso registros de ocupación de direcciones IP.

No se intervendrá sin orden judicial: Seguridad

A pesar de lo anterior, desde la Secretaría de Seguridad descartaron que esa institución vaya a quedar autorizada para realizar intervenciones telefónicas sin una orden judicial.

"La Secretaría de Seguridad solicitará al fiscal la intervención de un número telefónico, el fiscal revisará la solicitud y la elevará a un juez. La Policía Nacional no podrá hacer ninguna de estas intervenciones sin autorización de un juez o un fiscal", aseguró la semana anterior el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, durante una entrevista con La Tarde de HRN y TSi.

Agregó que el objetivo de la propuesta normativa es fortalecer los mecanismos de solicitud de intervención de comunicaciones, sobre todo para investigar delitos como extorsión y secuestro, pero garantizando los procesos legales establecidos.

El proyecto de ley está por discutirse y votarse en su tercer y último debate. Se requieren 65 votos para aprobar la ley, aunque abiertamente el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH) se han opuesto al texto contenido en el dictamen.

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