El caso gira en torno a la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el exdirector de la OABI, Jorge Gonzales Salinas.
Según esta denuncia, Chimirri, quien fue gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, habría ocupado forzosamente una vivienda lujosa que le había sido declarada en comiso desde 2015.
De acuerdo a la investigación del CNA, el exdirector de la OABI aprobó que Chimirri se instalara en el inmueble.
Para realizarlo, el exgerente de Hondutel habría utilizado la fuerza, acompañado por policías militares, para meterse en la propiedad y sacar a unos guardias de seguridad de la Cruz Roja Hondureña, entidad que había recibido el inmueble mediante un contrato de comodato.
El presidente de la Comisión Interventora de la OABI, Hugo Suazo, dijo a tunota.com que no se ha procedido a desalojar a Chimirri porque, tras la sentencia de comiso, el bien no ha sido inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP).
"Vamos a exigir al IP que haga la tradición de dominio (registrar) a favor del Estado y así nosotros poder actuar conforme a derecho", comentó el comisionado.
Sin embargo, un exfuncionario de la OABI consultado por tunota.com explicó que la falta de trámite registral no exime a la OABI de cumplir con su responsabilidad de tener posesión de la mansión, pues la sentencia de Juzgado de Privación de Dominio se lo ordena.
"El fallo judicial indicó que el Estado tiene derecho a la propiedad y que Chimirri carece de base legal para habitarla", dijo la fuente.
Chimirri perdió la casona debido a que no justificó que la haya adquirido de forma lícita, de acuerdo a la sentencia.
El fallo judicial se emitió en 2014, pero la defensa legal de Chimirri presentó un recurso de amparo contra la misma, que fue declarado sin lugar en 2015, es decir, desde ese momento tiene carácter de firme.
La Comisión Interventora aseguró haber recibido una copia de la sentencia del Juzgado de Privación de Dominio el pasado 9 de agosto.
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El bien está incautado y extinguido a favor del Estado
La propiedad en cuestión fue incautada en abril de 2013 por el Ministerio Público y posteriormente entregada a la OABI.
En 2015, esta vivienda fue cedida a la Cruz Roja Hondureña en un contrato de comodato, con una cláusula que permitía a la organización reclamar la propiedad una vez estuviera completamente en manos del Estado.
A pesar de la entrega a la Cruz Roja, Chimirri aseguró a diario El Heraldo, hace dos meses, haberla encontrado abandonada y la ha mantenido en su posesión después de que el Poder Judicial lo amnistió el 3 de marzo de 2022 gracias a una polémica ley aprobada por el Congreso Nacional, cuando cumplía una pena de 17 años por delitos contra la administración pública.
Y, aunque Chimirri ha insistido en recientes entrevistas que el Estado nunca tomó posesión completa de la propiedad, el fallo del Juzgado de Privación de Dominio establece lo contrario desde 2015 y lo imposibilita de tomar el bien.
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