El sobreseimiento que el Juzgado de Ejecución emitió el jueves (03.03.2022) a favor del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, quien estaba condenado a 17 años y seis meses por tres delitos de corrupción, no es definitivo, pues el Ministerio Público puede apelar el fallo, aclaró la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"De conformidad con el juez, se consideró pertinente decretar la extinción de responsabilidad penal a favor de sentenciado, extender la carta de libertad definitiva...teniendo el plazo las partes para interponer el respectivo recurso de apelación", cita un boletín de prensa de la Corte difundido el mismo día que se profirió dicha resolución.

De acuerdo al Código Procesal Penal, un recurso de apelación se puede interponer dentro de los tres días posteriores a una resolución de una judicatura.

Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), fue condenado a 17 años con seis meses de prisión por fraude, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

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Los sobornos de Latin Node

De acuerdo al Ministerio Público, la empresa de telefonía estadounidense, Latin Node, pagó, entre 206 y 2017, un millón 90 mil dólares a funcionarios de Hondutel para que la favorecieran con contratos.

Chimirri fue encontrado culpable de fraude y abuso de autoridad por ese caso, por lo que se le condenó a ocho años con nueve meses, mientras que por enriquecimiento ilícito se le impuso una pena de nueva años más una multa de 18 millones de lempiras.

Polémica amnistía

Los abogados de Chimirri, Marlon Duarte Amador y Yenny Mariela Sierra, pidieron que él fuese beneficiado con el decreto 4-2022 que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, también conocido como pacto de impunidad.

Boletín informativo del Poder Judicial de Honduras con respecto al caso de Marcelo Chimirri.

La polémica normativa, aprobada el 5 de febrero de 2022, establece una amnistía " amplia e incondicional" para los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya y para quienes hayan sido condenados por motivación política tras el golpe de Estado contra el exgobernante que se realizó el 28 de junio de 2009.

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