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La Dirección General de Servicio Civil denunció este miércoles 6 de abril que el Gobierno pasado realizó 10,139 nombramientos irregulares entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Dichas designaciones se distribuyen en 27 instituciones pertenecientes al Sistema Público Nacional y se ejecutaron bajo los decretos legislativos 108-2021 y 47-2020, mismos que permiten otorgar plazas laborales permanentes a personal de administración pública.
El Servicio Civil constató en un informe hecho después de una investigación que de los 10,139 nombramientos, 811 no presentaron su hoja de vida, lo que representa el incumplimiento del proceso para contratar a una persona en la administración pública.
Asimismo, 673 de estos ciudadanos no acreditaron los títulos académicos que demostraran su formación educativa.
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552 personas nombradas no demostraron tener la experiencia laboral requerida para un puesto público, en tanto 491 no cumplieron los cursos de especialización necesarios para realizar sus funciones.
Del mismo modo, 504 beneficiados con un cargo incumplieron el requisito de contar con un oficio de evaluación emitido por el Servicio Civil y que es necesario para entrar a la carrera administrativa.
El informe estipula que unas 221 personas nombradas no están colegiadas y solventes en sus instituciones gremiales; de igual manera, se reportó que 6 ciudadanos fueron contratados en puestos que no existen en la administración pública.
Secretaría de Salud es la de mayor incidencia
La subdirectora de la Dirección General de Servicio Civil, Miroslava Cerpas, detalló que de los más de 10 mil nombramientos irregulares, la mayoría pertenecen a la Secretaría de Salud.
"Se favoreció a activistas políticos, se manipularon plazas que estaban destinadas a médicos, enfermeras y a otro personal esencial para combatir el covid-19, estas fueron reasignadas a puestos motoristas, y secretarias", precisó la abogada.
La funcionaria detalló que se puso al tanto sobre este tema al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y recordó que existen responsabilidad penal, civil y administrativa para los funcionarios que se prestaron para cometer este tipo de actos.
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