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El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Gonzáles, dijo el jueves 31 de marzo que está dispuesto a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público ante las supuestas irregularidades que se dieron en la pasada administración de ese organismo público.
Gonzáles mencionó algunas situaciones que se habrían dado en la OABI sin seguir procedimientos legales, así como que algunos bienes incautados, entre ellos vehículos y viviendas, se dieron a personas particulares.
"Hay personas que viven en viviendas incautadas y les hacemos el llamado para que las devuelvan a la OABI antes de que procedamos a requerirlos" o denunciarlos ante la Fiscalía, dijo Gonzáles en Diario Matutino de radio HRN.
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Informe de irregularidades
El funcionario aseguró que como nueva autoridad del organismo público están levantando un informe detallado sobre las situaciones que se dieron en la pasada administración, con procedimientos diferentes establecidos en ley, para luego entregarlo a la Fiscalía y que esta proceda de conformidad.
Entre otras irregularidades "hay préstamos puente que se dieron a diferentes empresas y estamos viendo cuál fue la justificación que en la ley no se mencionan", expresó.
"Se supone que los préstamos puente son para inversión y que la empresa pueda tener una actividad consecuente para mantenerla activa, pero la información que hemos visto hasta ahora es que las empresas están en declive y vamos a ver qué pasó", agregó Jorge Gonzáles durante entrevista en TN5 Matutino de Televicentro.
Además, se encontró un expediente de venta directa de un bien por orden de un expresidente de la República, entiendo para legalizar el proceso desde la autoridad como tal, pero la ley establece cuál es el procedimiento y no se cumplió", dijo el funcionario.
El procedimiento a seguir es hacer dos subastas públicas y si estas se agotan procede la venta directa, pero en esa ocasión no se respetó, aseguró el director de la OABI.
Denuncias contra exfuncionarios
Según Jorge Gonzáles hay varios funcionarios que se habrían beneficiado de los bienes incautados por la OABI, pero mientras no se haga la denuncia sus nombres no serán públicos, excepto el del exsecretario general, Melvin Cerrato, contra quien el Ministerio Público ya abrió investigación.
"La autoridad administrativa, como es el exdirector ejecutivo de la OABI tiene responsabilidad en los hechos que se encuentren", indicó Gonzáles.
Desde que entró en operación la OABI se han incautado unos 6 mil bienes de origen ilícito, pero algunos se devolvieron o se subastaron por lo que la cantidad de propiedades ha bajado, sostuvo el nuevo director de la Oficina.
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