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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) hizo un llamado este martes a adoptar respuestas integrales de combate a la violencia y criminalidad a partir de un enfoque de derechos humanos en el país.
El llamado OACNUDH es con motivo de la aprobación y publicación del Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, que establece el estado de excepción en 89 barrios y colonias del municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) y 73 en el Valle de Sula (Cortés).
En ese sentido, pidió revisar el contenido del PCM 29-2022 a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, a tomar medidas inmediatas de debida diligencia para mitigar los riesgos del estado de excepción.
También, a adoptar respuestas integrales de abordaje a la criminalidad a partir de un enfoque de derechos humanos. De igual forma, la Oficina reiteró su disposición de acompañar técnicamente al Estado en este proceso.
De igual forma, la OACNUDH considera que para enfrentar este tipo de criminalidad la respuesta del Estado debe conllevar políticas de seguridad que privilegien la efectiva prevención, investigación y sanción del delito, procurando la desarticulación de estructuras criminales.
El hecho que casi la totalidad de los 162 barrios intervenidos son zonas de especial vulnerabilidad social refleja además la necesidad de que el plan de seguridad sea complementado con políticas sociales consistentes y de largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia.
Grave situación
La Oficina reconoce que esta estrategia gubernamental parte de la grave situación que confrontan importantes sectores de la población hondureña; víctimas de la extorsión y delitos conexos cometidos por organizaciones criminales.
La cual requiere de la institucionalidad un despliegue de medidas particulares conforme a sus facultades, competencias; y deberes de protección de la vida, seguridad personal y libertad de la población.
Además, el texto del decreto revela un esfuerzo por establecer la justificación de las medidas, los derechos restringidos, los lugares en los que regirá la suspensión; y el tiempo que durará el estado de excepción, estableciendo que el Congreso deberá conocer el decreto del Ejecutivo.
Lea acá el comunicado completo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
