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Estado de excepción, que suspende algunas garantías establecidas en la Constitución de la República, no es "carta blanca" para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar de forma arbitraria, advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) este martes.
El estado de excepción se aprobó mediante el decreto ejecutivo PCM 29-2022.
El director de la Clínica de Litigio Estratégico del Conadeh, Luis Chinchilla, indicó que se le debe tomar la palabra a las autoridades policiales, en el sentido que todo lo que se enmarca en el decreto debe estar guiado por los principios de legalidad y proporcionalidad.
Sin embargo, comentó que el Conadeh, como institución garante de derechos humanos, estará velando y analizando cada denuncia para determinar si se ha cumplido o incumplido con el decreto.
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Además, explicó que el decreto ejecutivo PCM 29-2022 tampoco establece la suspensión de otras garantías, que forman parte del núcleo duro de derechos, como la integridad personal, la vida, la prohibición a la esclavitud y la tortura, entre otros.
Agregó que, en la detención de personas, se tienen que seguir criterios internacionales como los establecidos en las Reglas de Mandela, o en los mismos principios interamericanos sobre personas privadas de libertad.
Preocupaciones en torno al estado de excepción
Entre las preocupaciones que tiene esa oficina garante de los derechos humanos sobre la aplicación del PCM 29-2022, según Chinchilla, está la del uso de la fuerza por parte de los agentes de la Policía, a quienes recordó que el decreto no les faculta para limitar el derecho a la vida, ni poner en riesgo la integridad personal.
Agregó que, en un contexto donde no se tiene una ley sobre el uso proporcional de la fuerza, se rige de forma supletoria por otros principios que, en primera instancia, no deberían suponer un ejercicio arbitrario del funcionario policial.
Otra preocupación del Conadeh se relaciona con el lugar donde estarían las personas detenidas, pese a que las autoridades mencionan que los detenidos estarán divididos según el delito o falta que hayan cometido, si es o no un menor de edad o un miembro de la comunidad LGTBI.
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Chinchilla expresó que, cuando el proceso llega a una instancia judicial, la persona detenida va a ir a dar a un sistema penitenciario sin seguridad, con un alto grado de hacinamiento y en una grave situación de calamidad.
