Con el incremento de la criminalidad en Honduras, entrará en vigor el toque de queda (toque de excepción) anunciado por la Secretaría de Seguridad en 89 colonias de Tegucigalpa y Comayagüela y 73 en San Pedro Sula.

La determinación de esta acción es evitar acciones delictivas en sectores de alta peligrosidad, sin embargo, ante ello la población se puede ver confundida si puede circular en horas de la noche o no.

El pasado lunes 5 de diciembre la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional declaró que no será necesario portar un salvoconducto durante el toque de queda parcial.

Además, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez mencionó: "todo sigue normal, las pulperías trabajan normal, los restaurantes trabajan normal, cualquier tienda de abastecimientos trabaja normal, si hay algún centro de recreación trabaja normal", indicó el comisionado.

Asimismo, se señaló que reuniones en iglesias, fiestas, cumpleaños, bodas y las celebraciones tradicionales de fin de año podrán realizarse sin ningún problema, se comunicó.

¿Cuánto durará el toque de queda?

El toque de queda o toque de excepción entró en vigor desde el martes 6 diciembre y aplicará durante un período de 30 días a partir de las 6 de la noche, siendo intervenidas colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Esta normativa suspende las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 que se refieren a la libertad personal, de asociación y circulación.

Cabe mencionar que, el decreto ampara y faculta a la Policía Nacional para detener a las personas que determine y considere responsable de tener vinculación en la comisión de delitos y crímenes.

¿Qué pasará con el resto de la población?

Sánchez mencionó que la libre circulación para las personas residentes de los barrios y colonias que estarán intervenidas no será afectada, ya que podrán caminar sin ningún problema.

En el diario oficial La Gaceta, se publicó el pasado 3 de diciembre en el decreto ejecutivo PCM 29-2022 que contempla al estado de excepción para combatir delitos de extorsión, asesinatos, robos, secuestros y tráfico drogas.