La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) condenó este martes las medidas cautelares distintas a la prisión impuestas a los seis garífunas detenidos el lunes tras un violento desalojo en la comunidad de Punta Gorda, en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Oacnudh reprochó la imposición de medidas sustitutivas que les prohíben a los garífunas el acceso a su territorio ancestral y afectan su labor en defensa de los derechos humanos.

Asimismo, la titular de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, expresó que "las restricciones que imponen este tipo de medidas de coerción tienen un efecto amedrentador en las comunidades y afectan de forma directa los procesos de defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente".

Anteriormente, Albaladejo hizo un llamado "urgente" a las autoridades policiales y judiciales a poner en libertad a las personas detenidas y garantizar los derechos humanos de las comunidades garífunas.

Luego de comparecer en audiencia de imputados, un juez ordenó que los seis garífunas se defiendan en libertad.

Los imputados en la causa son: Dorotea López; Richard Martínez; Efraín Sánchez; Keider Gonzales; Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra (Ofraneh), en Punta Gorda.

Todos ellos son acusados de usurpación en perjuicio del Estado hondureño.

El juez informó a los ciudadanos sobre el derecho que tienen para impugnar el desalojo preventivo, además se programó la audiencia inicial para el 23 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Desalojo violento

Según lo informado, policías, militares, fiscales y un juez llegaron a Punta Gorda a cumplir una orden de desalojo de unas 30 manzanas de terreno privado que habían sido ocupadas por un grupo de garífunas, quienes reclaman que son de sus ancestros.

Los garífunas se opusieron a dejar sus casas por lo que se ejecutó un desalojo violento que dejó seis personas detenidas.

Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo ocurrido en Punta Gorda y responsabilizó al Juzgado de Letras Departamental de Roatán por actuar de forma "contraria a los estándares internacionales" y pidió, además, "buscar soluciones y que se libere a los seis detenidos".

Asimismo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, solicitó un informe del "violento desalojo ordenado judicialmente" ya que, según aseguró, no fue informada de la ejecución del desalojo.

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