Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, indicó que la OACNUDH recibió durante el 2022 numerosas denuncias de ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente que no han sido resueltos por la justicia de Honduras.

De acuerdo a Türk, los conflictos sociales y ambientales relacionados con la tierra y el territorio, junto con los conflictos agrarios, tienen un fuerte impacto negativo en los derechos humanos y la seguridad jurídica de Honduras.

Estos conflictos "desestabilizan el país y contribuyen directamente a la violencia, el desplazamiento y la migración", apuntó la OACNUDH.

"El acceso inequitativo a la tierra, territorio y recursos naturales es una de las principales causas de desigualdad y pobreza, originado por diversos factores, como la inseguridad en la tenencia de la tierra y la limitada capacidad institucional para decidir los derechos de propiedad y la superposición de títulos privados sobre títulos ancestrales", agrega el informe de la organización.

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Conflictos agrarios en el Bajo Aguán

En los últimos meses, según la OACNUDH, han aumentado los ataques, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos en el Bajo Aguán, donde decenas de personas han muerto en enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.

Desde 2022, la OACNUDH registra cinco asesinatos de defensores de derechos humanos en el marco del conflicto territorial en el Bajo Aguán.

Cuatro de las víctimas eran miembros de cooperativas de campesinos que el 23 de febrero de 2022 firmaron un acuerdo con el Gobierno de Honduras y la Plataforma Agraria para abordar las causas estructurales del enfrentamiento agrario.

Dos de las víctimas tenían medidas del Mecanismo Nacional de Protección y otra contaba con medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014.

De acuerdo con defensores de derechos humanos, en los primeros meses de 2023 son 11 los líderes ambientalistas que han sido asesinados en diferentes puntos del país, aunque lo que más preocupa es que esa cifra es la misma que la registrada el año pasado.

Situación en Guapinol

El número de estos incidentes ha aumentado desde diciembre, incluidos dos recientes asesinatos de miembros de la comunidad de Guapinol.

El conflicto en Guapinol se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, por "la ilegalidad" de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares (antes Emco Mining Company); lo que la compañía ha rechazado en varias ocasiones.

Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona del núcleo del área protegida de 24,223 a 24,006 hectáreas.

"Es importante que haya una investigación efectiva e independiente sobre todos estos casos, y una mejor protección para las personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que defienden los derechos de la tierra y el medio ambiente", instó Volker Türk.

Violencia contra las mujeres

La OACNUDH también instó al Estado hondureño a luchar contra la violencia contra las mujeres, pues en lo que va del 2023 se han registrado alrededor de unos 50 femicidios en el país centroamericano.

En 2022 se registró una disminución en la tasa de muertes violentas en un 13.2% para hombres y 14.7% para mujeres entre enero y septiembre comparada con el mismo período de 2021

A la OACNUDH le preocupa que el uso de armas de fuego siga siendo la principal causa de muertes violentas (77.8% para hombres, 69.3% para mujeres), principalmente por la falta de un control efectivo de armas, y que las personas jóvenes sean las más afectadas (40%).

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reportó 297 muertes violentas de mujeres y femicidios de enero a diciembre de 2022, comparada con los 330 casos registrados en todo 2021.

Más del 90 por ciento de los casos están impunes, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Para la OACNUDH, el Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), "carecen de protocolos especializados para la investigación de la violencia contra las mujeres, incluyendo femicidios y muertes violentas, con un enfoque diferenciado".

A esto se suma la limitada disponibilidad de personal capacitado e instalaciones necesarias, como morgues, que permitan la investigación eficaz de estos casos, concluyó.

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