El exjefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, aseguró este miércoles que "la debilidad del Código Penal es favorable para promover la impunidad" tras que no se sancionara fuertemente a los exfuncionarios Marco Bográn y Alex Moraes en el caso de la compra fraudulenta de siete hospitales móviles.

Según Odir, se debe reformar "en la brevedad de lo posible" el Código Penal para poder impulsar causas que conlleven a penas mayores y que no se promueva la impunidad en el país.

"El resultado más claro es el de Marco Bográn (…) se perdieron 1,200 millones de lempiras y nunca funcionaron los hospitales móviles y solamente se están pidiendo 11 años de prisión. Es bastante ridiculo porque cualquiera dice 'me voy a robar 1,200 millones, voy a pasar preso seis años, pago una fianza, y después comienzo a disfrutar el dinero'", manifestó Fernández.

El ahora jefe de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aseguró que en el Código Penal se deben reformar los delitos contra la Administración pública, ya que actualmente las penas que se contemplan son entre 4 y 6 años en su mayoría.

Empujar al Ministerio Público

Por otro lado, Odir Fernández, quien también integra la Comisión de Concurso y Acompañamiento de la Universidad Nacional de Agricultura que creó el Congreso Nacional, indicó que el Ministerio Público no cumple con sus funciones para judicializar las investigaciones, y esto debido a que el fiscal general se ha convertido en una "piedra en el zapato", es decir, obstaculiza esa meta.

"Hay que empujar al Ministerio Público porque se le están dando bastante herramientas y no vemos requerimientos fiscales. Pero lo que aquí pasa es que tenemos la piedra en el zapato con el fiscal general que finalmente evita la judicialización de las causas", apuntó.

Fernández agregó, además, que es necesario que funcione el Ministerio Público porque el Código Procesal Penal indica que el único que tiene el monopolio de la acción penal es el Ministerio.

Caso hospitales móviles

Entre marzo y abril de 2020, la estatal Inversión Estrategica de Honduras (Invest-H), -dirigida por Marco Bográn y administrada por Alex Moraes-, adquirió a través del empresario guatemalteco, Axel López, representante legal de HospitalMoviles.com y Elmed Medical Systems, siete hospitales móviles para atender la pacientes de covid-19.

El costo de los siete hospitales fue de 47 millones 512 mil 564 dólares, equivalente a 1,174 millones 517 mil 764 lempiras.

Pero, de acuerdo al Ministerio Público, los módulos fueron sobrevalorados en más de 60 por ciento. La Fiscalía acusó por dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios a Marco Bográn y Alex Moraes.

En el caso de Bográn fue condenado por el delito de fraude y absuelto del delito de violación a los deberes de los funcionarios. Caso contrario para Alex Moraes.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó 11 años y ocho meses de prisión para Bográn. Mientras que para Moraes el ente acusador del Estado solicitó 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; el Código Penal no aplica prisión por este delito.

La pena concreta para los dos exfuncionarios se conocerá el 10 de junio.

Actualmente, solo dos de los siete sanatorios funcionan para atender covid-19, mientras que los demás sirven para atender otras patologías.

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