El exmiembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, denunció este lunes que el Gobierno les quitó su seguridad personal a quienes integraron ese ente, por lo que advirtió que si él aparece con "cuatro disparos en su cabeza es responsabilidad del Estado".

"Lo que están haciendo es incumpliendo una ley, porque si aparezco con cuatro tiros en la cabeza, ahí, pues es una responsabilidad del Estado no haber prestado la colaboración", dijo Rivera a tunota.com

En una entrevista con este medio digital, el también dirigente de la sociedad civil detalló que, desde el Estado "abruptamente" les suspendieron la seguridad a los exmiembros de la comisión depuradora, entre ellos, el pastor evangélico Alberto Solórzano, la abogada Vilma Morales y al asesor de la misma, Carlos Hernández.

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"Abruptamente suspendieron esa seguridad. No nos notificaron nada por escrito, solo nos mandaron un mensaje a través de WhatsApp y nos dijeron que nos quitaban la seguridad", indicó.

Seguidamente, declaró que su vida y la de su familia está en riego, ya que sicarios, narcotraficantes, policías con vínculos de mareros y extorsionadores fueron depurados, por consecuencia, este tipo de gente tiene mucho resentimiento con ellos.

"Sin embargo, lo que hemos hecho simple y sencillamente es guardar todas las medidas de protección posible, pero ya sin el apoyo del Estado. Lo mismo pasó con los demás interventores", apuntó Rivera.

En las últimas horas se conoció que el pastor hondureño, Alberto Solórzano, quien fue miembro de la comisión de depuración , habría salido de Honduras rumbo a Estados Unidos para pedir asilo político por haber recibido supuestas amenazas a muerte.

Mal mensaje

Rivera, quien actualmente funge como secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), aseguró que este tipo de acciones son un mal mensaje para las personas que han prestado sus servicios al país.

"Me parece que es un muy mal mensaje, especialmente de los que hemos prestado servicio al país. Pero al margen de todo esto, hay una ley que establece los mecanismos de seguridad para los funcionarios en riesgo", dijo Rivera.

Hizo referencia que la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, que en su artículo 3, inciso B, ordena dar salvaguarda con elementos de las fuerzas públicas a quienes se hayan desempeñado en funciones públicas en materia de seguridad que pongan en riesgo su vida.

Dicha ley menciona que los funcionarios y exfuncionarios sujetos a la protección especial del Estado tendrán seguridad, y entre ellos se incluye a los miembros y asesores de las comisiones especiales nombradas y que se nombren para "procesos de depuración y transformación de la Policía Nacional y los demás entes operadores de justicia".

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Además, la ley indica que, para efectos de garantizar el período de la prestación de los servicios, se establece que los depuradores tendrán seguridad durante el ejercicio de sus funciones y al cesar en el cargo por un período equivalente al tiempo que ejercieron.

El 'no' de la Secretaría de Seguridad

Rivera manifestó que en su momento solicitaron a la Secretaría de Seguridad la intervención del caso; sin embargo, en esa dependencia del Estado les indicaron que ellos "no corrían ningún riesgo".   

"Nosotros solicitamos a la Secretaría de Seguridad la intervención y luego ellos dijeron que hicieron unos análisis y que nosotros no merecemos ningún tipo de apoyo", reveló Omar Rivera.

De igual forma, declaró que, en la Secretaría de Seguridad, les manifestaron que ellos -los exmiembros de la comisión depuradora- eran "simples ciudadanos comunes y corrientes".

"Nos dijeron que nosotros somos simples ciudadanos comunes y corrientes y que a pesar de todo el esfuerzo que hicimos en depurar toda la Policía, ellos dicen que nosotros no merecemos ningún tipo de trato especial", precisó.

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Ante ello, tunota.com intentó tener una reacción oficial sobre el tema por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, no obstante, no se tuvo respuesta alguna.

Apoyo del Conadeh

El exmiembro de la comisión depuradora afirmó que en el Comisionado Nacional Derechos Humanos (Conadeh) sí les brindaron el apoyo necesario para tratar de garantizarles su seguridad.

"En el Conadeh si nos dieron apoyo, nos dieron mucho apoyo, ellos fueron factor determinante para presionar -a la Secretaría de Seguridad- para que nos diera la seguridad del caso. Pero fue en la Secretaría de Seguridad donde nos denegaron la solicitud", agregó.

Ante ello, tunota.com dialogó con la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, y aseveró que, en primer lugar, esa oficina no hace análisis de riesgo, lo realiza el Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras, ya que el Conadeh no es el encargado en autorizar la seguridad a los funcionarios y exfuncionarios.

"Lo que hacemos es una gestión ante la Secretaría de Seguridad para que les hagan un análisis de riesgo y sean ellos los que les asignen la seguridad. El Conadeh no tiene ningún mecanismo de protección", señaló Izaguirre.

Finalmente, apuntó que desde el Conadeh están abiertos para atender a cualquier ciudadano que sienta que su vida está en riesgo o ha sido amenazado a muerte.

"No solo para Omar Rivera, para el que quiera llegar, presentan una queja y yo personalmente los atiendo. Sino puedo yo, para eso están los delegados regionales y departamentales para tomar las quejas", puntualizó.

Comisión depuradora de la Policía Nacional

El 6 de abril de 2016, el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego, después de una reunión con el Consejo de Defensa y Seguridad que él presidía, decretó estado de emergencia nacional en materia de seguridad.

El 12 de abril de 2016, Hernández juramentó a una comisión especial que se encargaría de separar a policías no idóneos y de promover una reforma dentro de la institución policial.

Entre 2016 y 2018, según datos de la Comisión de Depuración Policial se separaron unos cinco mil elementos policiales y se remitieron más de 2,000 expedientes al Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de esos casos no fueron judicializados y los policías únicamente fueron retirados de la institución.

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