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La decisión del juez en materia de corrupción y criminalidad organizada, tras la audiencia inicial, también se le dictó al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo del Bienestar Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y al exdirector de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Roberto Alonso Zúniga Barahona, por los mismos delitos vinculados al caso denominado Pandora II.
"Respetamos la resolución dictada el día de hoy por el juez natural, designado para conocer el caso Pandora II, pero no la compartimos", manifestó Santos en su cuenta de la red social X.
Añadió que, desde la perspectiva de la Uferco del Ministerio Público, se acreditaron los supuestos necesarios para dictar un auto de formal procesamiento contra todos los imputados en el caso.
En ese contexto, la posición de dicha Unidad Fiscal se basa en la convicción de que existen pruebas suficientes para avanzar con el proceso legal en contra de Lobo, Handal y Zúñiga.
Santos enfatizó que como parte de su deber, la Uferco presentará "los recursos que correspondan" para impugnar la decisión del juez.
En la misma audiencia inicial y por la misma causa, se dictó auto de formal procesamiento por fraude y violación de los deberes de los funcionarios al exgerente administrativo de Sefin, James Aldana.
Mientras, que el exministro y la exgerente administrativo de Sefin, Wilfredo Cerrato y Lilia Bográn, respectivamente, obtuvieron auto de formal procesamiento por violación de los deberes de los funcionarios y sobreseimiento provisional por fraude.
Caso Pandora II
El caso de corrupción involucra acusaciones de desvío de fondos por un total de L288,016,175.00 destinados originalmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) entre 2010 y 2013. Los fiscales alegan que estos fondos fueron redirigidos hacia campañas electorales del Partido Nacional a través de empresas ficticias, prestanombres y contratos falsos en lugar de ejecutar proyectos sociales.
El expresidente Juan Orlando Hernández, también acusado en este caso, enfrenta cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hernández se le imputa haberse beneficiado de desembolsos a fundaciones, recibiendo al menos 62 millones de lempiras para financiar su campaña mediante artificios como la creación de empresas fantasma, prestanombres y contratos ficticios.
Estos fondos se destinaron a movimientos políticos y a la sociedad mercantil "La Cachureca", así como a gerentes de campaña departamentales.
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