De esa manera, el diputado por el partido Libre, en el poder, descartó el lunes 18 de diciembre que el Presupuesto del próximo año sea aprobado por la Comisión Permanente del Parlamento, en respuesta a lo que han dicho algunos diputados de oposición.

"No es cierto que el Presupuesto va a ser aprobado por la Comisión Permanente; ninguna ley puede ser aprobada por esta Comisión", expresó Noé Pino en una conferencia de prensa después de una reunión con autoridades de la Dinaf, que a partir de 2024 pasa a ser una Secretaría.

El proyecto de presupuesto enviado por la Secretaría de Finanzas para 2024 asciende a los L406,580,869,364.00, lo que representa un incremento de L12,469,289,364.00 en comparación con los L394,111,580,000.00 del presupuesto vigente.

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El legislador expresó que espera que esta semana la Comisión Permanente convoque a una sesión extraordinaria para someter a discusión y aprobación el dictamen del proyecto presupuestario de la nación.

Aprobación de Presupuesto

Noé Pino enfatizó que la Constitución de la República establece que el Presupuesto del país debe aprobarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, por mayoría simple, es decir, con el voto de 65 de los 128 diputados que tiene el Parlamento hondureño.

En ese sentido, el congresista expresó que espera el apoyo de las fuerzas políticas de oposición para aprobar el Presupuesto de Honduras 2024, de lo contrario, "significaría un retraso en el inicio de los planes para cada una de las instituciones del Estado".

Libre, que está en el poder, cuenta con 50 diputados en el Congreso Nacional, por lo que deberá llegar a consensos con las principales fuerzas políticas de oposición para alcanzar los 15 votos restantes o más. El Partido Nacional cuenta con 43 legisladores, el Partido Liberal con 22 y el Partido Salvador de Honduras (PSH) 10.

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"Solamente una oposición sectaria y opuesta a los intereses de la población podría estar en contra de la aprobación del Presupuesto", dijo el vicepresidente del Congreso.

La oposición está aún más distanciada del oficialismo desde el 1 de noviembre pasado, cuando la Junta Directiva del Congreso nombró una Comisión Permanente después de un paro legislativo de dos meses debido a la falta de consensos para elegir a las autoridades del Ministerio Público (MP).

Las fuerzas opositoras desconocen tanto a la Comisión Permanente como a los fiscales interinos del MP que nombraron, Johel Zelaya y Mario Morazán.

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