El abogado constitucionalista hondureño, Juan Carlos Barrientos, dijo este miércoles que el procurador y subprocurador de Honduras "están inconstitucionalmente nombrados" y aseguró que el Congreso Nacional puede rectificar nombrando a nuevos abogados del Estado que cumplan con los requisitos legales.

Barrientos reaccionó en la Fuerza Informativa de radio HRN y Noticieros Hoy Mismo de TSi, sobre la denuncia que presentó el martes el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el procurador José Manuel Díaz Galeas y el subprocurador, Tomás Emilio Andrade Rodas, por aceptar los cargos de forma ilegal.

Los abogados Díaz y Andrade fueron elegidos y juramentados por el Congreso Nacional el 2 de febrero de 2022, sin ser notarios, uno de los requisitos que establece la Constitución de la República.

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Al respecto, el abogado Barrientos indicó que el Ministerio Público está "obligado" a iniciar una investigación formal sobre el caso de los abogados del Estado, y proceder a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en caso de ser admitida, excluiría a los funcionarios.

Se debería investigar de oficio

Asimismo, Barrientos dijo que la Fiscalía del Estado no debería esperar denuncias sobre eventos ilegales, como el nombramiento de los actuales procuradores, la elección de la Junta Directiva del Congreso y la Amnistía Política, sino proceder de oficio, "como verdadero representante de la sociedad".

Pero "pareciera que están de adorno ahí (en el Ministerio Público), yo no entiendo por qué el fiscal general (Óscar Chinchilla) deja pasar ese tipo de cosas, me parece como que se acomodan a las circunstancias", manifestó el experto constitucionalista.

Barrientos indicó que la seguridad jurídica del Estado de Honduras "está en precario porque las personas que los representan como abogados, (procuradores actuales) no tienen la condición legal constitucional necesaria".

Rectificación

A criterio de Barrientos, el Congreso Nacional puede rectificar y proceder a elegir a nuevos representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), que sean abogados y notarios, como manda la ley.

En ese sentido, algún diputado puede presentar una moción para destituir a los actuales representantes de la PGR, y nombrar a nuevos funcionarios "aunque sean de Libre", pero que cumplan con los requisitos, dijo.

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