La representante diplomática estadounidense mostró su "preocupación" ante "el impacto que tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria en la creación de empleo y crecimiento económico".

"La mejor manera de movilizar más ingresos para el Gobierno es aumentando la actividad económica formal (...) los incentivos fiscales son esenciales para la creación de empleo", añadió Dogu.

Tras las declaraciones, que fueron brindadas en un evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, el funcionario hondureño argumentó que "la idea es democratizar los beneficios de la economía y pedimos la colaboración de los empresarios (…) tener un sistema fiscal más justo va a redundar en beneficios para todos".

Y añadió: "Se ha abusado de lo que debería ser un incentivo a la inversión en un tiempo determinado y para un proceso específico y que se convierten en corrupción. Lo que buscamos es revisar esos regímenes de exoneración".

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Analistas subrayan que, en caso de que el Congreso Nacional finalmente llegara a aprobar la Ley de Justicia Tributaria -tal como la plantea el Ejecutivo-, 16 de 18 regímenes de exoneración fiscal presentes en Honduras desaparecerían.

Según el planteamiento del Gobierno, los regímenes de exoneración fiscal, entre 2009 y 2022, han representado privilegios fiscales que suman L451,415.3 millones. Y solo en 2022, añaden, sumaron L57,000 millones, que representan un 7% del Producto Interior Bruto (PIB).

Sin embargo, los analistas económicos y el sector privado insisten en que, si esos regímenes de exoneración fiscal no hubiesen sido aprobados, "no habría existido la suficiente actividad económica" en el país.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), específicamente, ha insistido al Gobierno a "perseguir a quienes han abusados de esos regímenes" y a "no condenar a todo el sector privado por culpa del abuso de algunos".

Disensos entre empresa privada y Gobierno

El miércoles, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el secretario director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, presentaron ante el Cohep borrador del anteproyecto de una eventual Ley de Justicia Tributaria.

Esta ley, que plantea "detener los abusos en los regímenes de las exoneraciones fiscales", "lograr que, sin crear nuevos impuestos, quien más gane, más pague" y "profundizar en la transparencia fiscal", de entrada no encontró eco en el sector privado, que quedó pendiente de presentar sus sugerencia.

Pero, a priori, el proceso de socialización no vislumbra un consenso rápido. El jueves, en conferencia de prensa, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, se mostró desafiante y catalogó la propuesta del Gobierno como "trasnochada".

"Mejor que el Gobierno nos explique si quiere que se mantengan las empresas o no se mantengan, o si quieren que se reduzca más la clase media", señaló Urtecho, quien agregó que la reforma tributaria "busca asfixiar a la clase media".

Desde la Administración Xiomara Castro, en cambio, se mantienen firmes en su postura. El titular, Marlon Ochoa, reiteró que la Ley de Justicia Tributaria lo que plantea es "detener abusos en las exoneraciones, profundizar en justicia tributaria y aumentar la transparencia fiscal".

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En contraste, el titular de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se ha mostrado más optimista y menos confrontativo.

"El proyecto fiscal del SAR es un punto de partida con buenos elementos de control, en la Secretaría de Desarrollo Económico estamos trabajando en los elementos que se deben cambiar y/o agregar para atraer inversión y generar empleo. El diálogo esta abierto y las propuestas son bienvenidas", declaró en las últimas horas.