El Poder Judicial no es indispensable en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sin embargo, el Ministerio Público y las Secretarías de Seguridad y Defensa no pueden quedar fuera, así lo detalló el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.

Las declaraciones del titular del Judicial se dan tras la discusión y no aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Especial de Defensa y Seguridad enviada por la presidenta Xiomara Castro al Legislativo.

En dicho proyecto de Ley, se contemplaba que se eliminaría del Consejo a los titulares del Congreso Nacional, la CSJMinisterio Público (MP) y Defensa.

"MP, Seguridad, Defensa y DPI no pueden quedar fuera de este ordenamiento en cuanto a una entidad estatal de política criminal se refiere", expresó Argueta.

"Lamentamos y cuestionamos lo que siempre se ha criticado, la concentración de poderes en una o dos personas, pareciera a la luz del contenido del proyecto una concentración de poderes aún más evidente que en las circunstancias anteriores anteriores o todavía actuales porque entendemos que prevalece la ley vigentes desde hace unos años", consideró el titular del Poder Judicial.

En tal sentido, detalló que para una reforma es necesario un espacio de apretura y discusión de las distintas entidades para una nueva política sin que una sola persona tome las decisiones de esta naturaleza.

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Presidente del Poder Judicial se opuso a varias decisiones de anterior Consejo

Rolando Argueta reiteró que posee la documentación de los votos en contra del Poder Judicial ante las decisiones tomadas por el anterior Consejo de Defensa y Seguridad.

"Se mocionaba por parte del Consejo, especialmente por la presidencia de la República (Juan Orlando Hernández) y nosotros nos opusimos y no votamos en favor de algunas de esas mociones", precisó.

Al respecto, especificó haber estado en contra del préstamo de 4 mil millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, los L 236 millones anuales en presupuestos anuales de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y 19 mil dólares mensuales para el pago de arrendamiento del edificio Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), cuando esta ya había abandonado el país.

Además estuvieron en desacuerdo con las operaciones Morazán I y Morazán II, así como la compra de materiales para las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.

Nueva Ley no fue aprobada

El Congreso Nacional no aprobó la nueva Ley de Defensa y Seguridad, tras reunirse para discutirla y no lograr la mayoría simple necesaria a favor (65 votos) en su tercer y último debate celebrado en la sesión del jueves 18 de agosto.

Por tal razón, la presidenta Xiomara Castro deberá convocar al Consejo de Defensa y Seguridad con la Ley de Defensa y Seguridad vigente desde 2011.

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