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Los feminicidios siguen en aumento mientras la impunidad campea en la mayoría de
los casos. La situación amerita, según defensores de las mujeres, la reformulación de estrategias públicas para combatir los delitos e incrementar los esfuerzos en materia de prevención hacia las potenciales víctimas.
Ayer, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, a través de sus redes sociales anunció como medida de prevención la intervención de elementos de seguridad en los
lugares donde las mujeres corren más peligro. “Conscientes de esta situación: Mujeres siguen siendo víctimas. Estamos generando acciones de intervención inmediata en seis
ciudades después de los análisis de los datos validados de país”.
tunota.com buscó obtener más información sobre esta medida; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
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Antecedentes de homicidios a mujeres
Desde el 23 de mayo al 11 de junio se ha registrado el
crimen de 12 mujeres, entre ellas, estudiantes universitarias, menores de edad y fiscales.
El 23 de mayo fue apuñalada hasta morir la joven Nerly Mendoza (22) en la colonia Canaán de Tegucigalpa. Era estudiante con excelencia académica en la carrera de Comercio Internacional en la facultad de Ciencias Económicas de la UNAH.
El 28 de mayo dieron muerte a balazos a la fiscal del Medioambiente del Ministerio Público, Karen Almendares (39), en el barrio Chagüite de Nacaome, Valle.
El 8 de junio fue ultimada la joven Angélica Oseguera (38), cuando llevaba a su hijo en brazos, en Dulce Nombre de Culmí, Olancho.
Asimismo, el 10 de junio murió de manera sangrienta la colegiala Naomy Espinoza, (17), en la colonia Altos de la Independencia de la capital, luego de ser herida por un
sujeto que la intentó violar.
De estos casos hay una coincidencia: Nerly y Naomy fueron atacadas a muerte por resistirse a una violación. Uno de los agresores fue capturado, pero el otro sigue
prófugo.
Causas
Por su parte, Cristina Alvarado, miembro de Visitación Padilla, expuso que ven positiva la intervención planteada por la viceministra y que esperan que se realice en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Olancho, primordialmente, porque la data las establece como las zonas de mayor violencia contra ellas; sin embargo, señaló que el problema se está expandiendo a lugares como Intibucá y El Paraíso, entre otros.
Mencionó que la principal causa de los crímenes ha sido “que los hombres creen que pueden controlar, dominar y someter la vida de las mujeres”.
En ese sentido, Alvarado indicó la necesidad de revisar las estrategias de seguridad porque "hasta el momento no hemos escuchado al nuevo Gobierno qué estrategias está planteando y, sobre todo, si estas incluyen el combate de la violencia contra la mujer, porque la situación está tal cual. No se ha atendido”.
Consideró que los feminicidios van en ascenso este año. “Nos enfrentamos a oleadas de violencia. "Llevamos más de 120 feminicidios y eso está excusado en la impunidad que rodea estos crímenes”.
Propuestas
La defensora explicó que varias organizaciones han elevado la voz para que se establezcan equipos élites que investiguen las muertes violentas de las féminas.
De la misma manera, propuso la inclusión de abordajes integrales para la atención y, sobre todo, que se endurezcan las penas contra la violencia doméstica”.
En el mismo orden se refirió a la alerta morada como medida de prevención. “La alerta morada es una alerta para mujeres que sufren violencia la que ayuda a prevenir los feminicidios desde diferentes ángulos".
Penas
Asimismo, Alvarado enfatizó en que las penas a los agresores de mujeres han bajado con el nuevo Código Penal. “El Código Penal bajó las penas de feminicidios. Si antes el feminicidio podía ser castigado hasta 35 años, ahora son 25. También bajaron las penas para los delitos sexuales. Además, borró el tipo penal de violencia familiar y lo convirtió en maltrato familiar”.
Añadió que mensualmente en el número de emergencia 911 recibe 3,500 llamadas por violencia doméstica y unas 5,500 por maltrato familiar.
