La Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del Centro Financiero Internacional de Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, posee argumentos jurídicos para seguir operando en Honduras, así lo considera uno de sus representantes, José Luis Moncada.

El economista señaló que la compañía adquirió derechos cuando invirtió en el país, mismos que permiten que siga con sus funciones, pese a los decretos aprobados en el Congreso Nacional que derogaron las ZEDE.

"(La derogación) fue un análisis muy por encima y no por el fondo que constituye la misma ley, Próspera envió cartas a la presidenta de la República (Xiomara Castro) haciéndole ver los derechos que adquirió cuando ingreso al país", precisó Moncada.

ZEDE tienen 10 años para seguir operando

De acuerdo con Moncada, entre los tres argumentos jurídicos en los que se refugia Próspera uno lo estipula la Ley de ZEDE en su artículo 45, donde establece que a pesar de la derogación, estas inversiones tienen 10 años para operar.

"El segundo es el acuerdo CAFTA República Dominicana que establece claramente los derechos que un inversor norteamericana tiene para poder recurrir en caso que su inversión sea jurídicamente cuestionada por parte del gobierno o Estado de Honduras", explicó.

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Además, existe un acuerdo de estabilidad jurídica y protección de inversión que Próspera firmó con el gobierno de Honduras, mismo que tiene un alcance de 50 años.

José Luis Moncada finalizó explicando que desean reunirse con la presidenta Xiomara Castro y sus ministros para definir un escenario con un marco jurídico que les brinde beneficios, mientras tanto, aseguró que dicha compañía operando y atrayendo inversión.

Proceso de derogación de las ZEDE

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico se aprobaron en Honduras en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y fueron promovidas en el mandato de Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El miércoles 20 de abril con el voto unánime de los 128 diputados del Congreso Nacional se aprobó su derogación manifestando que ceden soberanía a extranjeros.

Al ser una reforma constitucional, para que entre en vigor debe pasar por la ratificación en la próxima legislatura, la sanción del Ejecutivo y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

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