El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de Tegucigalpa, capital de Honduras, desarrolla este miércoles la audiencia inicial contra tres supuestos miembros de la banda "Delta Teams", acusados de la desaparición en 2022 de la joven hondureña Angie Peña en Roatán, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.

Los acusados son los estadounidenses Harold Green, William James y el hondureño Gustavo Trejo, imputados por delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas en perjuicio de Angie Peña, así como de asociación para delinquir.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó en Noticieros Hoy Mismo de TSi que entre las pruebas presentadas contra estas tres personas se incluyen testimonios, registros telefónicos, intercepciones de comunicación y otros elementos probatorios.

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"El Ministerio Público ha citado a personas de interés para que rindan su declaración", dijo Mora.

El vocero de la Fiscalía señaló que las investigaciones contra la banda criminal continúan en curso con más de 25 allanamientos en Roatán, ya que habría más personas involucradas en el caso de Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022 mientras disfrutaba de vacaciones de Año Nuevo en la isla hondureña.

Mora reiteró que, según la información en posesión del Ministerio Público, uno de los estadounidenses, Harold Green, vendió a la joven a su compatriota William James.

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El abogado defensor de los imputados, Marlon Arévalo, manifestó que sus defendidos no están implicados en la desaparición de Angie y calificó la acusación como un "nuevo espectáculo".

Otros supuestos vinculados

En su momento, la Fiscalía también tomará medidas contra servidores policiales y judiciales que estarían vinculados con la banda "Delta Teams", indicó Yuri Mora.

Entre los servidores judiciales se encuentra el juez y el secretario del Juzgado de Paz adscrito a Roatán, según la información proporcionada por el Ministerio Público.

Sin embargo, desde el Poder Judicial se informó que los dos funcionarios señalados continúan en sus cargos mientras se les cita para audiencias de descargo y las autoridades determinan, si es necesario, sanciones en su contra.

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