El caso de un ciudadano que niega ser el padre de un menor ha dado de que hablar las últimas semanas en el país y, lejos de terminar, ahora el abogado Cristóbal Mejía presentó una denuncia ante la Inspectoría General de Tribunales contra la jueza que ordenó a su cliente pagar manutención.
El caso se hizo público el 22 de septiembre, cuando el abogado Mejía denunció que una jueza del circuito de Juzgados de Violencia Doméstica había condenado a su cliente a pagar 6,000 lempiras mensuales por un niño que no es su hijo. El hombre sostuvo una relación de cuatro años con la madre, pero el menor es fruto de una relación anterior.
Según el profesional del derecho, la resolución judicial estaría afectando los derechos de su representado, debido a que el acta de nacimiento del menor señala a otra persona como padre.
La acción se suma a los recursos legales que la defensa ya había presentado para intentar revertir la medida. Mejía aseguró que continuará utilizando las vías legales disponibles mientras espera que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso interpuesto.
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Denuncia contra jueza por supuesto prevaricato
Mejía explicó que acudió ante la Inspectoría General de Tribunales para solicitar que se investigue la actuación de la jueza que emitió la resolución cuestionada.
"Yo acudí ante la Inspectoría General de Tribunales a presentar dos denuncias, en primer lugar contra la juez que dictó una resolución contraria -a mi juicio- a derecho", declaró el abogado.
El profesional citó el artículo 516 del Código Penal y sostuvo que, a su criterio, la resolución podría constituir prevaricato judicial.
El delito de prevaricato ocurre cuando un servidor público, generalmente un juez, magistrado, fiscal o autoridad administrativa, dicta una resolución, sentencia o dictamen manifestando una clara y consciente contrariedad a la ley, o basándose en hechos falsos.
La esencia de esta falta radica en el abuso de poder y el quebrantamiento del deber de imparcialidad y justicia, ya que el funcionario actúa a sabiendas de que su decisión es injusta o ilegal.
"La resolución injusta y arbitraria está afectando a un tercero, que el acta de nacimiento del menor indica que el padre es otro", afirmó.
Mejía indicó que la Inspectoría deberá determinar si existe responsabilidad administrativa y, de ser así, establecer las sanciones que correspondan. Entre las medidas disciplinarias que podrían contemplarse mencionó desde una suspensión hasta la separación del cargo.
Declaraciones falsas de otra jueza
El abogado también señaló que la defensa presentó otra denuncia relacionada con declaraciones públicas atribuidas a una jueza sobre el caso. Según Mejía, en esas declaraciones se habría afirmado que su representado reconoció al menor como su hijo, algo que él niega.
"Se acompañó ante la Inspectoría de Tribunales el acta de la resolución de la juez para que corroboren que lo que ella manifestó públicamente es mentira", sostuvo.
Mientras tanto, el recurso de apelación presentado por la defensa ya fue admitido, aunque en el efecto devolutivo. Por ello, explicó Mejía, la medida de manutención continúa vigente mientras la Corte de Apelaciones analiza el fondo del recurso.
"Mientras la Corte de Apelaciones no se pronuncia sobre el fondo del asunto, el ciudadano va a tener que cumplir con la medida", detalló el abogado.
La defensa sostiene que continuará con las acciones legales para garantizar el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de legalidad en este caso.
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