El endurecimiento de las penas contra la extorsión en Honduras no garantiza una reducción de este delito mientras persistan las deficiencias en la investigación criminal, advierte el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).

En su informe de noviembre de 2026, el organismo analiza las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, aprobadas para combatir las maras, pandillas y otras estructuras criminales.

Según el documento, el incremento de las sanciones enfrenta obstáculos relacionados con el temor de las víctimas a denunciar y la desconfianza hacia las instituciones de seguridad.

Además, el CESPAD cita datos de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), según los cuales el 99 % de los casos de extorsión permanece impune en Honduras.

El informe examina las modificaciones legales que establecen penas más severas y amplían la responsabilidad penal de quienes participan en estas actividades.

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Extorsión en Honduras: penas más severas frente a la impunidad

El Decreto 84-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta el 22 de mayo de 2026, modificó las disposiciones relacionadas con la extorsión.

Según el CESPAD, la normativa establece penas de entre 15 y 20 años de prisión, acompañadas de multas de 1,000 a 1,500 días.

Asimismo, contempla prisión perpetua cuando la víctima fallece como consecuencia del delito.

La reforma también establece agravantes cuando participan menores de edad, personas vulnerables o se utiliza ilegalmente indumentaria policial y militar.

Sin embargo, el CESPAD señala que el aumento de las sanciones no resuelve las deficiencias que dificultan identificar y procesar a los responsables.

El organismo sostiene que la investigación criminal debe fortalecerse para enfrentar las estructuras que organizan y financian la extorsión.

¿Por qué persiste la impunidad?

El CESPAD identifica el temor a denunciar como uno de los principales obstáculos para investigar la extorsión en Honduras.

Según el informe, numerosas víctimas evitan acudir a las autoridades por miedo a las represalias de las estructuras criminales.

A esta situación se suma la desconfianza hacia los operadores de seguridad, señalados en diferentes denuncias por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Además, el organismo identifica deficiencias en la investigación criminal que dificultan establecer la participación de quienes dirigen estas redes.

El documento señala que las capturas suelen concentrarse en integrantes de menor jerarquía, mientras los responsables intelectuales permanecen fuera del alcance de las investigaciones.

Por ello, el CESPAD sostiene que el incremento de las penas debe acompañarse del fortalecimiento de las capacidades investigativas.

Reformas penales amplían las sanciones a colaboradores

Otro aspecto examinado por el CESPAD es la ampliación de la coautoría en los delitos de extorsión.

La normativa incluye a quienes realizan amenazas, recolectan dinero, reciben fondos mediante cuentas bancarias o administran recursos ilícitos.

No obstante, el organismo advierte que algunas personas participan en estas actividades bajo amenazas de las propias estructuras criminales.

Según el informe, equiparar la responsabilidad de estos colaboradores con la de quienes organizan las operaciones puede generar sanciones desproporcionadas.

Asimismo, el documento señala que las reformas restringen el acceso al procedimiento abreviado para integrantes de maras y pandillas.

investigación

CESPAD cuestiona la clasificación de pandillas como terroristas

El informe también analiza las modificaciones al artículo 587 del Código Penal, relacionadas con las asociaciones terroristas.

Según el CESPAD, la legislación incorpora agrupaciones de dos o más personas cuyos actos violentos buscan intimidar a la población, controlar territorios o asegurar recursos económicos.

El organismo distingue entre las motivaciones del terrorismo tradicional y las actividades de las maras y pandillas.

De acuerdo con su análisis, las organizaciones terroristas persiguen principalmente objetivos políticos, religiosos o ideológicos.

En cambio, las maras y pandillas buscan obtener recursos económicos mediante actividades ilícitas y mantener el control territorial.

El CESPAD advierte que la utilización de conceptos jurídicos imprecisos puede generar dificultades en la aplicación de las nuevas disposiciones penales.

Nuevas restricciones en las cárceles de máxima seguridad

El documento también examina el Decreto 208-2026, relacionado con el combate a las asociaciones terroristas y el fortalecimiento del sistema penitenciario.

Según el informe, la normativa establece condiciones especiales para personas privadas de libertad clasificadas como integrantes de estas organizaciones.

Entre las disposiciones figuran el aislamiento individual, las restricciones de visitas familiares y las limitaciones en las comunicaciones.

Además, contempla la reclusión obligatoria en módulos de máxima seguridad para los detenidos incluidos en este régimen.

Señalan que algunas de estas medidas pueden aplicarse a personas que todavía no cuentan con una sentencia firme.

Por otra parte, el informe examina las facultades para declarar territorios de alto riesgo y establecer medidas especiales de vigilancia y control.

las reformas

CESPAD pide fortalecer la investigación criminal

El CESPAD sostiene que Honduras necesita enfrentar las deficiencias institucionales que dificultan investigar las estructuras dedicadas a la extorsión.

Según el documento, estas organizaciones cuentan con mecanismos para administrar recursos ilícitos y proteger a quienes dirigen sus operaciones.

Además, señala que el país ha aplicado durante más de dos décadas distintas estrategias contra las maras y pandillas, incluidas reformas penales, operaciones policiales y estados de excepción.

El informe también cuestiona la adopción de medidas inspiradas en el modelo penitenciario de El Salvador, particularmente por sus implicaciones jurídicas y económicas.

En sus conclusiones, el organismo advierte que las reformas deben examinarse frente a las garantías constitucionales y las capacidades institucionales existentes.

Respecto a la extorsión, el CESPAD sostiene que, sin fortalecer la investigación criminal y superar las deficiencias institucionales, el incremento de las penas, incluida la prisión perpetua, tendrá una efectividad limitada.

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