La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció este miércoles que el proceso de registro biométrico obligatorio para la compra de chips en Honduras será postergado hasta después de las elecciones generales que se realizarán el 30 de noviembre.

La decisión fue confirmada por el titular de la institución, Lorenzo Sauceda, tras una reunión con la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, donde explicó el proceso de validación biométrica para las líneas de telefonía móviles en el país.

Según explicó Sauceda, la validación biométrica —que se implementará como un requisito para adquirir chips telefónicos— no implica la creación de una base de datos con huellas dactilares o información sensible de los ciudadanos.

"La única base de datos biométrica del país la tiene el Registro Nacional de las Personas. Conatel no está recolectando huellas ni datos personales", afirmó.

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El funcionario defendió el proyecto señalando que su origen se remonta a diciembre de 2022 y no responde a fines políticos ni electorales, como temen ciertos sectores.

Sauceda aseguró que su objetivo es exclusivamente de seguridad, al pretender frenar el uso de chips telefónicos por parte de estructuras criminales dedicadas a actividades como el sicariato, las amenazas y la extorsión.

"Este proyecto tiene como finalidad combatir estrictamente a los delincuentes. Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los hondureños", agregó Sauceda.

Diputados respaldan la iniciativa tras reunión técnica

Por su parte, el diputado Carlos Umaña, quien participó en la reunión, expresó su respaldo a la medida y aseguró que muchas dudas fueron aclaradas.

"Salimos satisfechos con la explicación técnica y legal. Se trata de un mecanismo de validación facial y no de una vigilancia masiva", declaró.

La validación biométrica ha generado controversia en diversos sectores que temen posibles vulneraciones a la privacidad ciudadana. Sin embargo, las autoridades aseguran que la implementación busca cumplir con el mandato constitucional de proteger al ser humano como fin supremo del Estado.

El proyecto será retomado una vez concluya el proceso electoral, en el que se elegirá al nuevo presidente de la República, sus tres designados presidenciales, 128 diputados propietarios y 298 corporaciones municipales para el periodo 2026-2030.

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