El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial están "coludidos" para impedir la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) con el apoyo de la ONU, según indicó Gabriela Blen, representante de Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia.

"Los tres poderes del Estado de Honduras están coludidos para evitar que la CICIH se instale en el país", expresó Blen el domingo 15 de diciembre en el programa 30/30 de TSi.

Blen sugirió que una de las razones por las cuales no se desea la CICIH es porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que el decreto 04-2022, que incluye la amnistía política, es constitucional.

Agregó que está de acuerdo en que se debe otorgar amnistía a quienes sean perseguidos por motivos políticos, pero no a aquellos que cometan delitos de administración pública, como establece dicho decreto.

Precisamente, la ONU ha solicitado a Honduras, a través de un informe de una misión de expertos divulgado el fin de semana, que se reforme el decreto de amnistía, además de otros que consideran necesarios para respaldar la instalación de la CICIH.

Para Gabriela Blen, será "difícil" que el país acceda a modificar el decreto de amnistía política.

Peticiones de la ONU

La ONU ha propuesto nueve medidas que deben ser aprobadas para establecer el mecanismo anticorrupción en Honduras, todas dependientes del Congreso Nacional, donde solo se han aprobado tres.

Entre las reformas aprobadas está la derogación del decreto 116-2019, que contenía el polémico Fondo Departamental; la derogación del decreto 93-2021, que introdujo la Ley Especial de Lavado de Activos; y la derogación del decreto 57-2020, relativo al Código Procesal Penal.

Sin embargo, las Naciones Unidas sugieren reformas al Código Procesal Penal que permitan incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.

La ONU también pide la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria, además de la interpretación constitucional del artículo 313, numeral 2, de la Constitución de la República, que regula el fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios.

Asimismo, se requiere reformar el procedimiento especial para altos funcionarios en los artículos 414 a 417 del Código Procesal Penal, y revisar el artículo 324 de la Constitución, junto con los artículos 420 y 423 del Código Procesal Penal y 28 de la Ley de Municipalidades.

Los diputados hondureños afirman desconocer el documento de la ONU, pero Gabriela Blen señaló que la Cancillería, como parte negociadora, pudo haberlo enviado para agilizar la aprobación de las medidas solicitadas y así avanzar en la instalación de la CICIH para fortalecer la lucha contra la corrupción.

CICIH "no vendrá"

"Sin estas medidas, la CICIH no vendrá", afirmó César Espinal, del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Para Espinal, "el compromiso y la voluntad no son suficientes para instalar la CICIH, y si se instala, buscan condicionarla".

Por su parte, Gilberto Ríos, director ejecutivo de FOSOVI, señaló que el documento de los expertos de la ONU no debió ser público, ya que estaba marcado como confidencial.

Sin embargo, indicó que la falta de voluntad política de los diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal ha impedido la aprobación de las reformas que exige la ONU.

Negociación de la CICIH

El pasado 3 de diciembre, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, anunció que el memorándum de entendimiento (MOU) con la ONU para crear la CICIH fue prorrogado por cuarta vez, por un periodo de seis meses.

La primera firma del MOU se produjo el 15 de diciembre de 2022. Desde entonces, el 15 de junio de 2023 se otorgó la primera prórroga, seguida por una segunda extensión el 15 de diciembre del mismo año, y una tercera el 15 de junio de 2024.