El abogado penalista Kenneth Madrid calificó como contraproducente la intención del gobierno de Honduras de construir cárceles en zonas protegidas y aisladas, como las Islas del Cisne y Gracias a Dios.

"El abordaje de tener centros penitenciarios aislados de los centros urbanos puede ser contraproducente en Honduras porque pueden ser presas de los grupos del crimen organizado", advirtió Madrid durante su participación en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.

El experto señaló que, en países como Estados Unidos, las cárceles se ubican en ciudades para facilitar la supervisión y el uso de tecnología avanzada.

En este contexto, lamentó que las autoridades hondureñas insistan en construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en Gracias a Dios, lo que, según dijo, afectará a la población misquita.

A su criterio, Honduras debería priorizar la mejora de la administración del sistema penitenciario y construir anexos a los centros existentes para realizar una reclasificación adecuada entre procesados y condenados.

"Esto sería más factible para no afectar territorios lejanos", aseguró Madrid.

El abogado también advirtió que llevar una cárcel a Gracias a Dios significaría contaminar una zona de selva virgen, que incluye reservas como la Biosfera del Río Plátano.

Oposición a cárcel

La población de Gracias a Dios, representada por sus 15 consejos territoriales, rechaza el proyecto carcelario, que contempla su ejecución en la comunidad de Mocorón, inspeccionada recientemente por la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Los habitantes demandan proyectos sociales que atiendan necesidades básicas como el acceso a agua potable y servicios de salud.

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció dos proyectos de cárceles de máxima seguridad: uno en las Islas del Cisne, con capacidad para 2,000 reos, y otro entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, diseñado para albergar a 20,000 personas de alta peligrosidad.

Sin embargo, la licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne ha fracasado tres veces, ya que las empresas participantes no han cumplido con los requisitos de garantías bancarias en bancos hondureños.

Pese a las objeciones de sectores ambientalistas sobre el impacto ecológico que estas cárceles podrían generar, el gobierno no ha descartado los proyectos.