El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue nuevamente convocado para este próximo jueves con el fin de retomar un tema que quedó pendiente y que resulta clave en el desarrollo del proceso penal impulsado por el Ministerio Público (MP) contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La sesión plenaria deberá resolver un punto específico: el nombramiento de una Corte de Apelaciones que actuará como Tribunal de Alzada para conocer la recusación presentada contra la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, quien se había autodesignado como jueza natural para conocer y resolver sobre la admisión del requerimiento fiscal presentado por el MP.

De acuerdo con Melvin Duarte, director de comunicación institucional del Poder Judicial, el pleno deberá designar a tres magistrados que integrarán dicha Corte de Apelaciones.

“En este pleno entonces deberán nombrarse tres magistrados que actuarán como Tribunal de Alzada, a fin de que puedan conocer esa recusación y, a partir de su decisión, conocer lo que va a continuar después en el proceso”, explicó el funcionario.

Cuestionamientos

El tema había sido incluido en una convocatoria anterior, pero la sesión no se concretó y tampoco se procedió al nombramiento de la Corte de Apelaciones, como lo establece la ley.

Esta situación fue cuestionada por el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, quien advirtió sobre la necesidad de darle una salida pronta y transparente al caso.

“Se necesita que esto sea expedito, porque esto no puede continuar abierto. Esto debe tener un cierre. Si hay acciones que se van a emprender, que se emprendan, pero de manera imparcial, que la justicia no esté socavada por intereses políticos”, manifestó Castañeda, al señalar que esa es una exigencia reiterada desde la sociedad civil.

La nueva convocatoria coloca nuevamente bajo la lupa el papel del Pleno de la CSJ, que deberá cumplir con el procedimiento legal pendiente. La Corte de Apelaciones que se nombre tendrá la responsabilidad de determinar si procede o no la recusación contra Rebeca Ráquel y, en caso afirmativo, designar a un nuevo juez natural que decida sobre la admisión del requerimiento fiscal por el presunto delito de prevaricato.

Además, según el analista jurídico Jaime Rodríguez, esa misma Corte de Apelaciones quedaría facultada para conocer eventuales recursos de apelación que interponga la defensa de los magistrados del TJE señalados por el MP. Esto convierte su integración en una decisión determinante para el rumbo del proceso.

Rodríguez consideró que, desde el análisis jurídico, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. “La lógica nos indica que no tenían fundamento y que fue parte de una estrategia para tratar de desestabilizar el proceso electoral, pero no es lo mismo presumirlo que tenerlo ya por escrito y con firmeza jurídica”, expresó.

A su criterio, una resolución clara permitiría cerrar un capítulo que ha generado incertidumbre, tanto en el ámbito judicial como en el electoral.

Mientras tanto, el Tribunal de Justicia Electoral continúa con su labor ordinaria, resolviendo apelaciones presentadas por candidatos que participaron en las elecciones generales del 30 de noviembre, en los niveles presidencial, legislativo, Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.

Acusación contra los magistrados del TJE

El proceso penal contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona deriva de un requerimiento fiscal presentado el 10 de noviembre por el delito de prevaricato.

El Ministerio Público señala que ambos habrían emitido resoluciones contrarias a la ley durante la inscripción de los candidatos Christian Villalobos y Jorge Cálix.

El expediente detalla que el pasado 27 de octubre resolvieron de manera “irregular y antijurídica” una recusación contra el propio Flores Urrutia, sin integrar el quórum adecuado ni seguir los pasos establecidos en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.