Juristas analizaron este lunes en el programa Frente a Frente de Canal 5 las profundas implicaciones del decreto legislativo que ordena un recuento de urnas tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). El debate se centró en si esta medida es un acto de transparencia necesaria o una extralimitación con graves repercusiones legales.

Tras una reunión del Consejo de Ministros este sábado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que el CNE debe iniciar de inmediato el conteo total de votos.

De lo contrario, indicó que el Congreso asumirá el escrutinio, amparado en el artículo 205 numeral 7 de la Constitución de la República.

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¿Cuáles serían las responsabilidades penales?

Mientras el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, defendió la iniciativa cuestionando el "miedo" a contar los votos para dar legitimidad al proceso, juristas como Hermes Ramírez y Oliver Erazo advirtieron que el decreto es inconstitucional y genera responsabilidades penales inmediatas.

La abogada Karla Romero, aunque crítica con la falta de respuestas del CNE a las impugnaciones, coincidió en que el Congreso no puede arrogarse facultades que la ley no le otorga.

Para Hermes Ramírez, el decreto no solo es inaplicable, sino que coloca a los responsables en la mira de la justicia internacional. Además, explicó que obstaculizar los procesos democráticos puede derivar en sanciones que trascienden las fronteras nacionales.

Al mismo tiempo, advirtió sobre las repercusiones para los funcionarios involucrados: "Tengan claro que estas cosas tienen graves consecuencias. Cuatro listas existen de los Estados Unidos: la lista Ofac, la lista Magnitsky, la Kingpin y la lista Engel".

Es decir, que se corre el grave riesgo de que una persona que está obstaculizando los procesos democráticos caiga en un listado de esos.

En ese sentido, Ramírez alertó sobre "las graves consecuencias personales que les puede traer a estas personas que piensan que pueden quedar exoneradas bajo el amparo de un arreglo político para que no se les persiga... la situación geopolítica del mundo ha cambiado y eso debemos de entenderlo nosotros".

Por su parte, el abogado Oliver Erazo enfatizó que la Constitución de la República es clara al señalar que el CNE no está subordinado a los poderes del Estado.

Erazo sostuvo que cualquier acto ejecutado fuera de la ley es nulo y genera responsabilidad penal para quienes lo impulsan y sancionan.

El analista detalló la ilegalidad del acto legislativo de la siguiente manera: "Ese decreto lo que contiene es la descripción y la publicación de la comisión de delitos en concurso real y en concurso ideal".

En ese sentido, sostuvo que el mismo "tiene efectos jurídicos negativos para el que los publicó, no positivos en relación al objeto que ellos pretendían. ¿Qué tiene que hacer un supuesto presidente del poder legislativo entrometiéndose en un órgano extra poder? No tiene la facultad, usurpa funciones y va contra la forma de gobierno", aseguró.

Según Erazo, "la sanción inmediata para evitar todo esto es que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad penal, y la Sala de lo Constitucional debe actuar de oficio".

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¿A qué le tienen miedo?, pregunta Barrios

En contraste, el diputado Ramón Barrios justificó la acción del Congreso como un deber de protección al voto ciudadano.

El diputado de de Libertad y Refundación (Libre) argumentó que ante una declaratoria que considera incompleta por no resolver impugnaciones, el Legislativo debe intervenir para garantizar que cada sufragio sea contado.

Ramón Barrios defendió la medida apelando a la transparencia: "Nosotros como Congreso Nacional responsablemente hemos activado lo que establece el artículo 205 numeral 7 con un solo propósito. Y aquí quiero dejar establecido lo que quiere el pueblo hondureño: que su voto valga. ¿Cuál es el miedo de contar todas las urnas? ¿Cuál es el miedo por parte del Consejo Nacional Electoral que el voto de cada hondureño valga?", se preguntó.

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Finalmente, la abogada Karla Romero recordó que, independientemente de las fallas del CNE, el respeto a las vías legales es lo que garantiza la democracia.

Para Romero, la solución debe buscarse en la Sala de lo Constitucional y no mediante decretos que producen más ilegalidades.

Karla Romero advirtió sobre las responsabilidades que vendrán: "Todos los que se involucraron en dar una respuesta y esa respuesta no fue conforme a derecho, tendrán responsabilidades a futuro", advirtió Romero.

Añadió que "lo que ha hecho el Congreso de arrogarse atribuciones que no corresponden solo lo que hace es producir más ilegalidades". A su criterio, la legalidad no se ha respetado y "llevamos cuatro años viendo cómo no se ha respetado".

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