Un juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó este lunes la medida de detención judicial a Liana María Mayorga Castillo, acusada por los delitos de fraude y lavado de activos en el contexto de la Tasa de Seguridad,

El Poder Judicial, a través de sus redes sociales, confirmó la decisión judicial y también indicó que la audiencia inicial será celebrada el próximo jueves 21 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Entretanto, Mayorga Castillo deberá permanecer recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), localizada en la aldea Támara del Distrito Central, Francisco Morazán, unos 20 kilómetros al norte de la capital hondureña.

El Poder Judicial informó que la encausada fue traslada a PNFAS en Támara. Foto: captura de pantalla de X del Poder Judicial
El Poder Judicial informó que la encausada fue traslada a PNFAS en Támara. Foto: captura de pantalla de X del Poder Judicial

Presunto caso de corrupción con la Tasa de Seguridad

El Ministerio Público (MP), mediante una investigación liderada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó el requerimiento fiscal en contra de Mayorga Castillo, quien presuntamente causó un perjuicio económico al Estado de 18 millones 547 mil 200 lempiras.

Según las investigaciones, la acusada habría participado en un fraude relacionado con el suministro irregular de tarjetas PVC utilizadas para la emisión de licencias de conducir, en un contrato adjudicado a la empresa Plasticards S.A., de reciente constitución.

Liana María Mayorga Castillo, acusada de fraude y lavado de activos por más de 18.5 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, será remitida a PNFAS. Foto: cortesía de Proceso Digital
Liana María Mayorga Castillo, acusada de fraude y lavado de activos por más de 18.5 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, será remitida a PNFAS. Foto: cortesía de Proceso Digital

El caso comenzó en diciembre de 2021, cuando la Secretaría de Seguridad adjudicó de manera irregular un contrato para la compra de 480 mil tarjetas PVC a la mencionada empresa, la cual había sido registrada apenas dos meses antes de ser beneficiada con el contrato.

Sin embargo, de acuerdo con el MP, solo 258,000 tarjetas fueron entregadas al país, lo que deja una diferencia significativa respecto a las cifras reportadas oficialmente. Este hecho habría causado una gran pérdida para el erario público.

El otro implicado

Por su parte, Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, también fue señalado por su vinculación en el caso, aunque su situación procesal es diferente.

El portavoz del MP, Yuri Mora, informó este lunes que se ha emitido una orden de captura internacional contra Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

A Molina, ex representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en el fideicomiso conocido como el "Tasón", se le supone responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos, en un caso que involucra un perjuicio al Estado de más de 18.5 millones de lempiras.

El Ministerio Público ha subrayado que, en este tipo de casos, la denuncia oportuna y la investigación exhaustiva son claves para poder procesar y sancionar adecuadamente a los responsables de delitos financieros y de corrupción que afectan las finanzas del Estado.

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