Este martes en el programa Frente a Frente se analizó a profundidad el estado de derecho en Honduras, debatiendo sobre la fragilidad de las instituciones, la separación de poderes y la necesidad de una independencia judicial real.
Los panelistas coincidieron en que Honduras posee los recursos naturales y humanos para ser una potencia, pero que ha "perdido el rumbo" debido al irrespeto sistemático al imperio de la ley.
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Los invitados de hoy fueron el jurista y académico argentino, Juan Pablo Gallego; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales; el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olbin Sarmiento; el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de UNITEC, Rafael Pineda; la estudiante de derecho, Celia Cortés; la joven profesional, Carla Medrano; y la presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, Fanny Bennet.
El quiebre de la ley y el peso de la historia
La postura de Juan Pablo Gallego aportó una visión global sobre la "geopolítica del caos", señalando que Honduras sufrió un "quiebre absoluto" durante el golpe de estado de 2009 que marcó una tendencia negativa para la democracia.
Gallego contrastó la riqueza del país con la urgencia de restaurar el imperio de la ley, advirtiendo que "por fuera del imperio de la ley no hay nada" y que el desarrollo económico está estrictamente ligado al respeto de la normativa jurídica.
Sobre la responsabilidad de los jueces frente a las presiones externas, Gallego afirmó que es un gran desafío para los encargados de la justicia pero que deben resistir y tratar igual a quienes están en el poder con el resto de la población.
"El juez tiene la obligación de buscar la verdad y de ser igualitario con el poderoso y con el débil... no solo puede sino que debe resistir y este es el enorme desafío".
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La institucionalidad desde adentro y el fallido consejo de la judicatura
Por su parte, la abogada Vilma Morales reconoció que el país ha venido caminando sobre "arenas movedizas" y que la justicia ha fallado en dar respuestas oportunas.
Morales resaltó la necesidad de crear un nuevo Consejo de la Judicatura que sea administrativo y no político, para garantizar que los jueces no deban obediencia a quienes los postulan.
Asimismo, contrastó el idealismo constitucional con la realidad de las presiones políticas, admitiendo que el nombramiento partidario compromete la independencia.
"Démosle fortaleza a que logremos y alcancemos... que si aquel juez ingresa de una forma prudente porque ha transitado el camino de una selección y él debe su conocimiento a esa precisamente a esa selección él no va a obedecer más que a la Constitución a la ley a la doctrina y la jurisprudencia", señaló.
Politización que genera debilidad institucional
Un contraste significativo lo aportaron los jóvenes estudiantes y el presidente del CAH. Olbin Sarmiento argumentó que la debilidad institucional no solo está en las altas esferas, sino que nace desde abajo, cuando los gremios y asociaciones se politizan buscando beneficios particulares en lugar de defender la ley.
Para Sarmiento, es "más peligroso el juez sometido al poder político" que el político que intenta manipular los tribunales, pues el juez tiene la formación y la ética para decir que no.
Finalmente, Carla Medrano y la abogada Fanny Bennet enfatizaron que el cambio requiere tolerancia y un relevo generacional con carácter. Bennet instó a que los actores políticos se desprendan de intereses particulares para permitir que el Poder Judicial funcione como un verdadero freno a los excesos de poder.
El foro concluyó con una reflexión sobre la necesidad de que la ciudadanía haga suyos los valores democráticos, entendiendo que la justicia no es una aspiración decorativa, sino la base indispensable para evitar que los conflictos se resuelvan por la fuerza en lugar de por la ley.
